El Gobierno de Canarias ha iniciado el procedimiento de información y consulta pública del anteproyecto de ley para crear la futura Agencia Canaria de Emergencias y Protección Civil, un nuevo organismo que concentrará la planificación, dirección, coordinación y ejecución de las políticas autonómicas en materia de protección civil y emergencias.

La iniciativa, según se ha dado a conocer en el Consejo de Gobierno este lunes, busca reforzar "la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y avanzar hacia un modelo más integrado, coordinado y eficaz para afrontar emergencias en el archipiélago", detallan desde el Gobierno canario. 

Proceso participativo

El anuncio de apertura del proceso participativo se publicará en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el próximo 25 de junio. A partir de esa fecha se abrirá un plazo de 15 días hábiles para presentar aportaciones, mientras que la consulta pública permanecerá activa en el Portal del Ciudadano hasta el 16 de julio.

Desde el Ejecutivo puntualizan que la futura Agencia integrará en "una única estructura" los principales servicios vinculados al Sistema Canario de Emergencias y contará con "personalidad jurídica propia, patrimonio y tesorería independientes, además de autonomía funcional y de gestión".

Respaldo del Parlamento

Explican que la medida forma parte de "un proceso de transformación del sistema autonómico de protección civil" que fue respaldado por el Parlamento de Canarias en noviembre de 2024.

Al parecer, la iniciativa responde a un escenario "cada vez más complejo, marcado por el aumento de fenómenos naturales adversos, incendios forestales, emergencias volcánicas, episodios meteorológicos extremos, el incremento del tráfico marítimo, la presión demográfica y las crisis humanitarias y migratorias". 

Anteproyecto

El anteproyecto plantea la creación de "una entidad de derecho público con un régimen jurídico singular" que permita combinar el "ejercicio de las competencias públicas en materia de emergencias con una gestión más ágil y flexible". 

El texto ha sido remitido para recabar observaciones a organismos e instituciones como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Ministerio del Interior, Salvamento Marítimo, los cabildos insulares, consorcios de emergencias, organizaciones sindicales y universidades.