El Parlamento de Canarias ha aprobado este martes, 20 de octubre, por unanimidad una iniciativa para reclamar al Gobierno de España que financie el traslado de los pacientes que fallezcan en hospitales situados fuera de su isla de origen, siempre que hayan sido derivados por motivos médicos debido a la falta de recursos sanitarios en su lugar de procedencia.
La propuesta, impulsada por el Partido Popular, busca evitar que las familias tengan que asumir los gastos de traslado del cuerpo de un ser querido cuando el desplazamiento a otro hospital no se ha producido por decisión propia, sino por la necesidad de recibir una atención sanitaria que no estaba disponible en su isla.
La iniciativa afecta especialmente a los residentes de las islas no capitalinas, aunque también contempla situaciones en las que pacientes de Gran Canaria o Tenerife deben desplazarse a otra isla o a hospitales de la Península para recibir tratamientos especializados.
Traslados entre islas
El diputado del Partido Popular Jacob Qadri, encargado de defender la proposición no de ley, ha subrayado que el objetivo es establecer un mecanismo de financiación pública para estos desplazamientos.
Según ha explicado, la petición no pretende que las ayudas se concedan directamente a las funerarias, que son empresas privadas, ni que las familias tengan que gestionar nuevas subvenciones en un momento especialmente complicado.
La propuesta reclama que el Estado establezca una regulación que permita al sistema sanitario asumir directamente el coste del traslado cuando un paciente fallezca durante una asistencia médica para la que tuvo que desplazarse fuera de su isla.
"No resulta lógico ni ético que este coste deba ser asumido por las familias, dado que el desplazamiento no se ha producido por voluntad del paciente, sino como consecuencia de la falta de disponibilidad del servicio requerido en su isla de origen", ha defendido Qadri.
Tratamientos en la Península
Uno de los ejemplos planteados durante el debate parlamentario es el de los pacientes canarios que deben desplazarse hasta el Hospital Universitario Virgen del Rocío, en Sevilla, para recibir atención especializada en su unidad de Cirugía Plástica y Grandes Quemados.
Este centro es una referencia para pacientes de diferentes islas que necesitan determinados tratamientos que no pueden recibir en sus hospitales de origen.
En estos casos, la normativa sanitaria contempla compensaciones por alojamiento, manutención y desplazamiento del paciente y, cuando corresponde, de sus acompañantes.
Sin embargo, si el paciente fallece durante su estancia hospitalaria, la familia puede encontrarse con la necesidad de organizar y costear el traslado del cuerpo hasta Canarias.
Qadri ha puesto como ejemplo el caso de un residente de La Palma que falleciera durante su tratamiento en Sevilla y cuyos familiares tuvieran que afrontar los gastos del regreso a la isla.
La propuesta parlamentaria pretende que el sistema sanitario asuma también estos traslados, de manera que las derivaciones médicas no supongan una carga económica adicional para las familias en caso de fallecimiento.
Ayudas de hasta 2.103 euros
La reclamación del Parlamento coincide con la publicación de una nueva convocatoria de ayudas del Servicio Canario de la Salud para financiar el traslado de personas fallecidas a su isla de procedencia o residencia.
El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó este lunes, 19 de octubre, una convocatoria dotada con 25.800 euros, destinada a compensar gastos derivados de estos desplazamientos.
Según la información de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, las ayudas individuales pueden alcanzar un máximo de 2.103,54 euros, dependiendo de los requisitos y criterios económicos establecidos.
Estas subvenciones están dirigidas a personas físicas o entidades sin ánimo de lucro que hayan abonado los gastos del traslado del cadáver o de las cenizas, cuando el fallecimiento se haya producido después de una derivación sanitaria autorizada a otro centro hospitalario.
Entre las condiciones exigidas figura que el paciente fuera residente o procediera de Canarias, que el traslado médico estuviera debidamente justificado y que el fallecimiento se produjera en el centro sanitario al que fue derivado.
La convocatoria de 2026 cubre los traslados realizados durante el año natural anterior y establece que las solicitudes podrán presentarse durante el mes de noviembre, del día 1 al 30.
Por tanto, Canarias ya dispone de un sistema de subvenciones para estas situaciones, aunque su funcionamiento exige que los gastos hayan sido abonados previamente por quienes posteriormente solicitan la ayuda.
El debate político
Durante el debate parlamentario, el diputado socialista Miguel Ángel Pérez del Pino ha cuestionado que la iniciativa se dirija al Gobierno de España cuando, a su juicio, el Ejecutivo autonómico dispone de competencias para abordar esta situación.
El representante socialista ha criticado la propuesta del PP, a la que ha calificado de «brindis al sol», aunque finalmente su grupo también ha votado a favor.
Por su parte, Jacob Qadri ha defendido la necesidad de una regulación estatal que permita establecer una cobertura más amplia y evite que Canarias tenga que asumir en solitario los costes derivados de estas situaciones.
La proposición no de ley ha salido adelante con el respaldo de todos los grupos parlamentarios.
Pendiente del Estado
La aprobación de la iniciativa no implica que los traslados de pacientes fallecidos pasen a estar financiados automáticamente por el Gobierno central.
Al tratarse de una proposición no de ley, el acuerdo constituye una petición política sin carácter legislativo vinculante. El Parlamento insta al Gobierno de Canarias a trasladar la reclamación al Ejecutivo estatal para que estudie y establezca la regulación correspondiente.
La propuesta busca que estos desplazamientos sean asumidos por el sistema sanitario cuando la derivación se haya producido por razones médicas justificadas, evitando que los familiares tengan que adelantar el coste y tramitar posteriormente una ayuda.
Mientras no se produzca un cambio normativo, las familias afectadas deberán acogerse a los mecanismos de compensación y subvención que ya contempla la normativa vigente.
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