La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha participado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para debatir el reparto de créditos del Marco Estratégico de Atención Primaria. Durante el encuentro telemático, la representante autonómica ha reclamado al Ministerio que contemple de forma efectiva la condición de región insular y ultraperiférica del archipiélago a la hora de distribuir las dotaciones económicas.

Monzón ha emitido un voto favorable para asegurar la financiación, pero ha criticado la falta de sensibilidad del Ministerio. El acuerdo estatal prevé repartir un total de 172.425.000 euros entre las comunidades autónomas y el INGESA para financiar el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027. Los criterios de distribución basan el 96 por ciento del peso en la población protegida equivalente, mientras que la dispersión y la insularidad apenas representan un 0,8 por ciento de la ponderación global.

Sobrecostes del archipiélago

El sistema de reparto actual omite por completo el concepto de ultraperiferia, limitándose a una visión genérica de la insularidad. Esta omisión, según denuncia la consejería, ignora los sobrecostes estructurales en infraestructuras, equipamiento y personal derivados de la lejanía con la península y la fragmentación en ocho islas.

La no consideración de Canarias como Región Ultraperiférica (RUP) merma la capacidad de financiación del sistema sanitario local, afectando directamente a la equidad en el acceso a los servicios y a la sostenibilidad operativa y logística.

Conflicto del Estatuto Marco

En otro orden de asuntos, la titular de Sanidad también reprochó al Ministerio su gestión en la reforma del Estatuto Marco. Monzón ha instado al departamento estatal a reforzar el diálogo con los sindicatos médicos para evitar un conflicto que repercutirá en la atención a los pacientes de todo el país.

La consejera recordó que las comunidades autónomas han quedado al margen de esta negociación y exigió que cualquier nueva medida aprobada venga acompañada de la financiación oportuna para que los servicios de salud regionales puedan aplicarla con solvencia.