Canarias llevará la próxima semana a Bruselas sus críticas sobre la aplicación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, en vigor desde el pasado 12 de junio. El Ejecutivo autonómico quiere trasladar a la Comisión Europea las dificultades que están encontrando los territorios fronterizos en los primeros meses de aplicación, especialmente por la demora de algunos trámites.
El viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo, participará en una reunión del grupo de trabajo de Migraciones de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM), que Canarias colidera junto a la Comunidad Valenciana. El objetivo será poner en común con otras regiones de primera llegada qué problemas está generando el nuevo sistema sobre el terreno.
Canarias cuestiona la respuesta europea
Canarias viene defendiendo que las decisiones migratorias no pueden diseñarse al margen de las regiones que reciben directamente las llegadas. El Ejecutivo autonómico mantiene además una posición crítica con el propio Pacto Europeo de Migración y Asilo, al considerar que “no es la respuesta adecuada” a las necesidades de territorios fronterizos como las Islas.
Desde el Gobierno se insiste en que estas regiones desempeñan un papel fundamental a la hora de aplicar las políticas migratorias europeas y que su experiencia debería tener más peso a la hora de corregir los problemas que surjan con los nuevos procedimientos.
Más financiación para la integración
La agenda de Caraballo en Bruselas incluirá también su participación, el próximo martes 15 de septiembre, en la conferencia de cierre del proyecto europeo PowGen.
En ese foro, Canarias pedirá a la Unión Europea financiación plurianual y directamente accesible para las regiones, destinada a políticas de integración, además de un mayor reconocimiento de las competencias regionales en la aplicación del pacto migratorio.
Formación y empleo para personas migrantes
PowGen es un proyecto financiado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea que se ha desarrollado durante 30 meses. Su trabajo se ha centrado en dos problemas que afectan a distintos territorios europeos: la falta de profesionales cualificados para la transición energética y las dificultades de muchas personas migrantes para acceder a empleos estables y especializados.
La iniciativa ha puesto en marcha cinco proyectos piloto en España, Portugal, Italia y Alemania, con formación certificada en instalación de sistemas solares y rehabilitación energética de edificios, además de prácticas en empresas y servicios de intermediación laboral.
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