Las personas que, por una conducta imprudente o negligente, provoquen la movilización de los servicios de rescate en Canarias podrán enfrentarse a multas de hasta 600.000 euros. El decreto ley aprobado el pasado lunes por el Gobierno de Canarias establece sanciones de entre 100 y 600.000 euros según la gravedad de la conducta y el riesgo generado para los equipos de emergencia. También contempla multas por llamadas falsas al 112 y desobediencia a las autoridades durante una emergencia.

La nueva normativa incorpora un régimen específico de infracciones y sanciones a la Ley del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias. En lo relativo a los rescates en situaciones de emergencia ordinarias, establece tres categorías de infracciones (leves, graves y muy graves) en función del grado de imprudencia y del peligro o los daños ocasionados.

Las infracciones

Las infracciones muy graves estarán castigadas con multas de entre 100.001 y 600.000 euros. En esta categoría se incluyen las conductas motivadas por imprudencia o negligencia graves que obliguen a intervenir a los servicios de rescate y supongan un riesgo grave o provoquen daños al personal de emergencia o a los medios empleados en el operativo.

La norma no exige que se produzcan lesiones o daños materiales para aplicar esta sanción, ya que también contempla los supuestos en los que la conducta genere un peligro grave para los equipos de intervención. Por su parte, las infracciones graves podrán sancionarse con multas de entre 3.001 y 100.000 euros. En este apartado se incluyen las actuaciones derivadas de una imprudencia simple o negligencia leve que generen peligro para los profesionales o los medios movilizados.

Cuando esa misma imprudencia provoque la intervención de los servicios de rescate sin generar un peligro particular para las personas ni para los recursos empleados, la conducta se considerará una infracción leve, con multas de entre 100 y 3.000 euros.

El decreto no establece sanciones automáticas por necesitar un rescate ni señala actividades concretas cuya práctica pueda ser multada. Para imponer una sanción será necesario acreditar que la conducta encaja en alguno de los supuestos recogidos en la normativa. Además, las cantidades fijadas corresponden a multas administrativas y no al coste económico del operativo.

Multas por llamadas falsas al 112

El nuevo régimen sancionador también contempla las llamadas falsas al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2). Comunicar deliberadamente hechos manifiestamente falsos podrá considerarse una infracción muy grave cuando la actuación perjudique la eficacia del servicio, obligue a adoptar medidas organizativas o provoque la movilización o el desvío innecesario de recursos.

Las llamadas abusivas, insultantes, amenazadoras, jocosas o intrascendentes que interfieran en el funcionamiento del servicio tendrán la consideración de infracciones graves.

Asimismo, la normativa incluye sanciones por incumplir las órdenes, prohibiciones e instrucciones dictadas durante la activación de planes de protección civil. La gravedad de la infracción dependerá de las circunstancias y de las consecuencias que tenga la desobediencia para la seguridad de las personas, los bienes y los propios equipos de emergencia.

Descuentos del 50% por pago voluntario

El decreto establece que las multas deberán ajustarse al principio de proporcionalidad y tener en cuenta las circunstancias de cada caso. Entre los factores que pueden atenuar la sanción figuran la corrección diligente de las irregularidades y la colaboración activa para evitar o reducir sus consecuencias.

Además, las personas sancionadas por infracciones leves o graves podrán beneficiarse de una reducción del 50 % de la multa propuesta cuando esta sea exclusivamente económica y se abone de forma voluntaria antes de que se dicte la resolución del expediente. Esta posibilidad no se aplicará a las infracciones muy graves.

El plazo máximo para notificar la resolución de los procedimientos sancionadores será de doce meses desde su inicio. Por último, el texto establece que el dinero recaudado a través de estas multas deberá destinarse a mejorar y dotar los servicios de protección civil y emergencias de Canarias.