Treinta y nueve menores migrantes que llegaron a Canarias desde el 29 de agosto, fecha en la que se declaró la contingencia migratoria, están en la vía exprés que prevé la reforma de la Ley de Extranjería para ser trasladados a otras comunidades en un plazo máximo de 15 días.

El primero de ellos será probablemente un adolescente marroquí de 17 años que viajaba en el pesquero-patera que encalló en Órzola (Lanzarote) el pasado 10 de septiembre. El plazo legal para su traslado expira este viernes, según ha confirmado el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.

Traslado a otra comunidad

El menor ya tiene comunidad de destino asignada, que no se ha hecho pública por motivos de protección. Fue entrevistado este jueves para conocer su opinión y preferencias, y si no presenta objeciones razonables, su traslado se firmará en horas.

La reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería establece que cuando se declara la contingencia migratoria, la comunidad afectada debe dejar de tutelar a los nuevos menores que lleguen y enviarlos en un plazo de 15 días a otra región del país.

Sistema en pruebas

El procedimiento se estrena con Canarias, Ceuta y Melilla, aunque Baleares podría incorporarse si el flujo de pateras continúa al ritmo de los últimos meses.

Pestana ha pedido no dramatizar con los plazos, explicando que es la primera vez que se aplica este sistema y que cuando esté rodado, los traslados se harán “en cuestión de días”.

Garantía de tutela

El delegado aseguró que el Gobierno de Canarias puede estar tranquilo porque “tiene un aliado en el Estado” para aliviar la sobrecarga y el hacinamiento de su red de acogida.

Escuchado el menor y resueltas las alegaciones, Canarias tendrá cinco días para trasladarlo a su nueva comunidad, que estará obligada a habilitarle una plaza de acogida sin poder alegar falta de recursos.

Voluntad del menor

La Fiscalía ha advertido que paralizará expedientes si el menor se opone de manera razonable a la comunidad asignada y presenta vínculos familiares en otra región. En ese caso, la decisión final quedará en manos de un juez.

Pestana señaló que el nuevo sistema es más ventajoso para Canarias que el habilitado por el Tribunal Supremo para menores solicitantes de asilo, ya que en este caso la tutela se transfiere a la comunidad de destino, liberando de esa responsabilidad a la administración canaria.