El Gobierno de Canarias da un paso más en la regulación del juego. El Ejecutivo autonómico ultima un nuevo decreto que refuerza los controles de acceso para impedir la entrada de menores en salones recreativos y de apuestas, una de las principales preocupaciones en el ámbito social.
La norma, que ya ha iniciado su tramitación, establece cambios relevantes en el funcionamiento del sector. Los locales deberán contar obligatoriamente con un servicio de admisión que controle el acceso a las zonas donde se desarrollan actividades de juego.
Más control
El decreto introduce un instrumento de planificación único con el objetivo de acabar con la dispersión normativa. La intención es ofrecer mayor seguridad jurídica tanto a empresas como a usuarios, además de reforzar la supervisión ante los riesgos asociados al juego.
El Consejo de Gobierno ha acordado remitir al Parlamento la planificación incluida en el texto, cumpliendo con lo establecido en la Ley 8/2010 de juegos y apuestas en Canarias.
Cambios clave
La nueva regulación también actualiza normas anteriores. En concreto, revisa el decreto de 2012 sobre máquinas recreativas y de azar, adaptándolo a la evolución del sector y a las nuevas necesidades administrativas.
Otro de los cambios relevantes afecta al Registro de Prohibidos de Acceso al Juego. A partir de ahora, las inscripciones tendrán carácter indefinido, aunque podrán cancelarse pasados seis meses desde su activación, reforzando así la protección de colectivos vulnerables.
Plan a cinco años
La planificación contemplada en la norma tendrá una vigencia inicial de cinco años, con posibilidad de prórroga por otros cinco en función de factores como la evolución demográfica o la situación socioeconómica.
Este decreto se suma a medidas recientes impulsadas por el Gobierno autonómico, como la Ley 2/2025 de protección de la infancia, que ya introdujo limitaciones a la concentración de locales de juego y reguló su distancia respecto a centros educativos.
El objetivo, según el Ejecutivo, es consolidar un modelo más seguro y controlado en Canarias, especialmente en lo relativo a la protección de menores frente a los riesgos del juego.