Ante la entrada en vigor de la nueva Ley de Eficiencia en las Administraciones de Justicia, que persigue la agilización de procedimientos y la sostenibilidad de los recursos, el Gobierno de Canarias apuesta por la cultura del acuerdo antes de acudir a la vía judicial.

Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia y Justicia del Ejecutivo autonómico, ha recordado que Canarias continúa ocupando el primer puesto de todo el país en cuanto a litigiosidad y, “sin un euro en la ficha financiera por parte del Estado”, han decidido reducir los procesos judiciales apostando fuerte por la mediación.

Reducir recursos

Adaptar las islas a la nueva Ley, supone, entre otras cuestiones, la reducción de los Juzgados de Primera Instancia, que pasarán de los 220 actuales que se encuentran en toda la Comunidad, a solo 19, “en tres fases que se completarán el 1 de julio, el 30 de octubre y el 31 de diciembre”.

Comenta Barreto que esta ley obliga muchos cambios y uno de los más importantes, que afecta directamente a la litigiosidad civil y mercantil, es el de apostar por la mediación, de tal manera que las partes implicadas en los procesos judiciales no solo ahorren tiempo y desgaste en los tribunales sino que también propicien una solución anticipada a sus problemas.

Aligerar procesos

“Esta Ley, al imponer la necesidad de llegar a acuerdos a través de los medios alternativos de solución de conflictos, en procesos civiles y mercantiles, ha permitido que desde el Gobierno hagamos una apuesta importante, clara y decidida por incentivar la política del acuerdo”, expresa.

Con esta política del acuerdo se intenta que a los tribunales lleguen menos juicios, rebajando así la carga de trabajo del propio personal y un ahorre de costes, “pero sobre todo va a suponer un avance importante para el ciudadano que podrá ver sus problemas resueltos en menor y con un menor coste emocional”

418 euros por acuerdo

Añade la consejera que el pasado año, en lo que se refiere al coste de la justicia gratuita (asumido en su totalidad por la Comunidad Autónoma), se contabilizaron 30.000 beneficiarios, de los que algo más de la mitad, unos 18.000, estaban relacionados con asuntos civiles y mercantiles. 

Teniendo en cuenta la apuesta por el acuerdo, a los profesionales de la abogacía que logren la resolución del conflicto con la mediación se les abonará 418 euros, que es la cantidad más alta que se paga por estos procesos. De no llegar a un acuerdo y seguir las partes por la vía judicial, el abogado de oficio sólo recibirá el 10% de la cantidad, o sea, 41,8 euros.

Reducir los litigios en tribunales

“Si se llega a un acuerdo evitamos seguir colapsando los tribunales y ayudamos a los ciudadanos en aquellos asuntos en los que de verdad se puede llegar a acuerdos. Todo lo demás continuará como hasta ahora”, indica.

Por su parte, Juan Antonio Rodríguez, presidente del Consejo Canario del Colegio de Abogados, subrayó que se ha apostado “duro, tanto por la abogacía como por la Consejería”, sobre todo teniendo en cuenta la retribución que percibirán los abogados de oficio, la más alta de la jurisdicción civil.

La propuesta de la política del acuerdo o mediación cuenta con el compromiso del Gobierno de Canarias y del Colegio de Abogados, teniendo como principales preceptores aquellas personas en situación de adversidad económica que recurren a la asistencia jurídica gratuita -o abogado de oficio-, para la defensa de sus intereses.