El Gobierno canario estudia extender los beneficios aplicados a las familias numerosas a las monoparentales con el objetivo de paliar el riesgo de exclusión, y ha precisado que en las islas hay 91.100 hogares con un solo progenitor, el 80 por ciento de ellos a cargo de la madre.
La viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez, señaló en comisión parlamentaria que hay cinco comunidades autónomas que tienen políticas adaptadas a las familias monoparentales pero no es así en las islas, donde hay mayor porcentaje de estos hogares que en el resto.
Las familias monoparentales, en cifras
- El total de familias encabezadas por un único progenitor supone el 11.7 por ciento del total
- De la cifra global, 79.600 hogares están conformados con la madre (9.6% del total de hogares) frente a los 17.500 con el padre (2.1% del total de hogares).
- El mayor porcentaje son mujeres de entre 41 y 50 años, la mitad de ellas desempleadas
- El 53,3% de los hogares monoparentales está en riesgo de pobreza o exclusión social
- El 12,5 % de los menores pobres es miembro de una familia monoparental y otro 22% lo es de una familia numerosa.
Los datos son estremecedores y la situación va ligada a la conciliación, señaló la viceconsejera, quien subrayó que si el Gobierno canario no ofrece una respuesta en el ámbito de aumentar la oferta de escuelas de 0 a 3 años "vamos a cronificar este problema".
Otra previsión del Gobierno es "rescatar" a unos 6.000 perceptores de la Prestación Canaria de Inserción con hijos a su cargo, de manera que puedan acceder a esta ayuda de forma ilimitada y no como hasta ahora, que se prolonga durante 24 meses.
"Si estos menores se están criando en una situación de pobreza están destinados a cronificarla y transmitirla de manera intergeneracional, y esto hay que cortarlo de raíz", advirtió.
Hay cinco comunidades autónomas que tienen políticas adaptadas a las familias monoparentales pero no es así en las islas, donde hay mayor porcentaje de estos hogares que en el resto.
Por su parte la diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández, que solicitó la comparecencia, destacó el consenso político sobre el riesgo de exclusión de familias numerosas y monoparentales y la necesidad de revisar las políticas públicas, como el caso de las de vivienda y las de empleo.
La parlamentaria socialista María del Pino González coincidió en que hay que impulsar medidas de apoyo para luchar contra la brecha social y también de carácter socioeconómico y laboral para "rescatar" a estas familias del riesgo de vulnerabilidad y que tengan igualdad de oportunidades.
Por el grupo Nacionalista Canario Jana González expresó su preocupación por la posibilidad de que el Gobierno canario amplíe el dinero para estas prestaciones y que luego se quede en las arcas públicas, pues cuestionó de qué sirve aumentar derechos si luego éstos no se hacen efectivos.
Lorena Hernández, del grupo Popular, señaló que una familia de un solo progenitor aumenta notablemente el riesgo de pobreza y si además en su mayoría se trata de mujeres, lo habitual es que estén en desempleo o con trabajos de baja cualificación, mal remunerados o directamente, en la economía sumergida.
El estudio #madresypuntoFAMS refleja que el 70% de las madres que encabezan las familias monoparentales afirma que su salario no les permite cubrir su gasto familiar. #FamiliasQueCuentan https://t.co/PRM52cm4w8 https://t.co/Q1ZQ2DdNUu
— EstudiosFAMS* (@EstudiosFAMS) February 5, 2020
El diputado de la Agrupación Socialista Gomera Jesús Ramos manifestó que Canarias debe establecer medidas específicas en este asunto y anunció que su grupo ha registrado una proposición no de ley encaminada a que se reforme la ley de protección de las familias numerosas estatal para luego en el ámbito autonómico equiparar sus beneficios a los de los padres que se hacen cargo de sus hijos en solitario.
Por el grupo Mixto la diputada Vidina Espino coincidió en que lo más efectivo es esta equiparación y que las familias monoparentales puedan acceder a prórrogas en las excedencias laborales, bono social por electricidad, preferencias en las becas de estudio y descuentos en las matrículas universitarias, además de preferencia en el acceso a la vivienda pública y descuentos en los transportes.