El Gobierno de Canarias ha aprobado en Consejo de Gobierno la prórroga de la declaración de excepcionalidad en la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que llegan al archipiélago. Esta decisión permitirá mantener hasta 2028 a 19 profesionales de trabajo social y 20 técnicos administrativos dedicados a la tramitación de la documentación vinculada a su protección y atención integral.
El contrato programa de carácter temporal destinado a este refuerzo de personal asciende a 1.706.186,97 euros, según informó la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias.
El Ejecutivo autonómico justifica la prórroga en la necesidad de agilizar la gestión administrativa y dar respuesta al elevado volumen de expedientes. Actualmente, se han enviado 755 expedientes completos a las delegaciones del Gobierno, de los cuales la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias solo ha recibido 331 resoluciones de traslado.
De esos expedientes, 135 han sido archivados (principalmente por mayoría de edad), 132 menores han sido reubicados en otras comunidades autónomas y 14 se negaron a viajar, permaneciendo en Canarias.
Nuevas llegadas y sobrecarga del sistema
El personal reforzado también gestiona las 228 resoluciones de traslado recibidas por las 572 nuevas llegadas de menores al archipiélago, niños y niñas que permanecen en centros dependientes del Ejecutivo autonómico desde su llegada.
De estas nuevas incorporaciones al sistema de protección, ya se han gestionado 173 reubicaciones, mientras que 77 menores han alcanzado la mayoría de edad.
Las funciones de este equipo no se limitan a los traslados. También se encargan de comunicaciones con la Fiscalía, gestiones con otras comunidades autónomas, reunificaciones familiares, seguimiento social, traslados a la Península y a otros territorios de la Unión Europea, así como de la tramitación de la protección internacional de los menores.
Una situación excepcional que se mantiene
La declaración de carácter excepcional se aprobó inicialmente en julio de 2024, ante la imposibilidad de que los recursos ordinarios de la Consejería asumieran la carga de trabajo. Según el Gobierno canario, la situación se mantiene “en los mismos términos”, tanto por el volumen de expedientes como por el aumento de derivaciones a otras comunidades y las previsiones de futuras llegadas.
Por este motivo, el Ejecutivo considera imprescindible prorrogar la excepcionalidad, garantizando así la continuidad del dispositivo administrativo y social que sostiene el sistema de protección de menores migrantes no acompañados en Canarias.