El Archipiélago quiere el mismo trato que tiene Ucrania en España para derivar a los menores migrantes que llegan a las Islas. Así es la conclusión a la que ha llegado el Foro Canario de la Inmigración este miércoles. El Gobierno regional propone al Estado la excepcionalidad que tuvo con el pueblo ucraniano porque, dice, con 5.432 niños llegados a Canarias la situación es inviable.
De esta manera se ha pronunciado la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en el comité permanente del Foro, que es el órgano de participación, asesoramiento y consulta en este ámbito para abordar la situación migratoria en las Islas.
En la reunión, que tuvo a la cabeza al presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, se ha puesto en conocimiento de los integrantes -Federación Canaria de Municipios (Fecam), organizaciones sociales y sindicatos- la propuesta canaria para el reparto obligatorio de los menores migrantes no acompañados y la elaboración de un se protocolo de determinación de la edad único para todo el Estado español.
Los indicios
Al respecto, la consejera ha señalado que "los indicios" apuntan a que el Gobierno central optará por modificar la ley de Extranjería y ha añadido que Canarias pide que, ante medidas o situaciones como las que se produjeron con la guerra de Ucrania, cuando se hizo un una excepción legal con el acogimiento de menores extranjeros no acompañados procedentes de dicho país, se utilicen esas mismas medidas para derivar los menores migrantes llegados a las islas.
Respecto a si los municipios han expresado conformidad o no con la instalación de centros de acogida de menores, la consejera ha apuntado que no le consta que se hayan producido problemas en particular pero sí lo conoce por prensa ante alguna información "confusa" de que se iban a abrir centros en alguna localidad.
Municipios
Por ello ha precisado que el Gobierno canario está en contacto con alcaldes y alcaldesas intentando "limar esas asperezas" que pudiera haber por la implantación de dispositivos en los municipios.
Clavijo señaló la poca celeridad que el Estado está dando a estas derivaciones, con tan solo ocho contabilizadas en última semana e hizo un “llamamiento a que se agilice el proceso y se dé cumplimiento al acuerdo alcanzado al respecto el año pasado, en el que se contemplaban más de 300 traslados", según un comunicado de Presidencia del Gobierno.