La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha pedido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que agilice una resolución administrativa necesaria para garantizar la gratuidad del transporte público colectivo terrestre en las islas.
Esa resolución regula el procedimiento de justificación y liquidación de las ayudas y resulta imprescindible para cerrar correctamente el proceso administrativo. En juego está la justificación de 120 millones de euros destinados a financiar la bonificación del transporte público.
Certezas para los cabildos
La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno canario, María Fernández, ha advertido de que no se puede permitir que las dificultades administrativas pongan en riesgo la estabilidad financiera de la medida ni la capacidad de gestión de los cabildos insulares.
Fernández ha insistido en que Canarias necesita certezas jurídicas y administrativas para cerrar el expediente dentro de los plazos establecidos. Según ha señalado, los cabildos ya están realizando un importante esfuerzo económico para mantener la gratuidad y no pueden seguir asumiendo una situación de incertidumbre de forma indefinida.
Nuevas exigencias
El Gobierno canario explica que la nueva resolución estatal incorpora exigencias adicionales que no estaban previstas en la resolución de concesión aprobada el 22 de diciembre de 2025. Esta situación, según la Consejería, genera incertidumbre una vez iniciado el procedimiento de justificación por parte de los cabildos.
El Ejecutivo recuerda además que el modelo canario de gestión del transporte terrestre está descentralizado en los siete cabildos insulares, lo que obliga a coordinar documentación procedente de varias administraciones y operadores de transporte.
Más carga administrativa
Canarias sostiene que esta organización incrementa la carga administrativa respecto a otros territorios del Estado. Por ello, considera necesario que el Ministerio concrete cuanto antes el marco definitivo para que los cabildos puedan cumplir con las exigencias de justificación.
Fernández advierte de que la incertidumbre compromete los plazos marcados para justificar las ayudas, cuyo límite finaliza el 30 de septiembre de 2026. Además, este calendario coincide con otros procedimientos estatales vinculados al transporte público.
Fecha límite: 31 de mayo
Por todo ello, el Gobierno de Canarias ha solicitado que la resolución definitiva quede aprobada no más allá del 31 de mayo de 2026.
El objetivo es evitar riesgos sobre la financiación estatal de una medida que permite mantener la gratuidad del transporte público terrestre en las islas y que depende de que el procedimiento administrativo pueda cerrarse con seguridad y dentro de plazo.