El Gobierno de Canarias mantiene abierto su pulso con el Estado por la atención a los menores migrantes que llegan a las Islas. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha reclamado este lunes que sea la Administración estatal la que asuma el triaje de los menores en frontera, tal y como, según sostiene, establece el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
La petición llega después de una reunión con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que terminó sin avances sobre una de las principales discrepancias entre ambas administraciones. Canarias advierte, además, que, si no hay acuerdo, continuará por la vía judicial y no descarta llevar el conflicto hasta el Tribunal Supremo.
“Competencia del Estado”
El punto de choque está en quién debe encargarse de la primera valoración de los menores durante el control fronterizo. Para Delgado, el nuevo marco europeo no deja lugar a dudas. “El triaje es competencia del Estado”, defendió al considerar que corresponde a la Administración responsable de la frontera exterior.
La consejera sostiene que esta función no ha sido delegada a las comunidades autónomas. Por eso, Canarias rechaza hacerse cargo por sí sola de este procedimiento cuando llegan menores migrantes al Archipiélago.
Colaboración, pero con condiciones
El Ejecutivo autonómico asegura que no se niega a colaborar. Sin embargo, reclama que antes se deje claro qué debe hacer cada Administración, con qué medios y hasta dónde llegan sus responsabilidades. “Colaborar no es asumir el peso de una competencia ni supone una delegación de competencias”, señaló Delgado.
La consejera pidió que se convoquen reuniones entre las administraciones para organizar ese reparto de funciones. Según explicó, Canarias lleva reclamando esta coordinación desde antes de que empezaran a aplicarse las nuevas normas europeas.
“No es una cuestión de dinero”
Delgado rechazó también que el conflicto pueda resolverse solo mediante financiación estatal. “No es una cuestión de dinero”, insistió. El Gobierno canario considera que lo que está en juego es quién tiene legalmente la obligación de hacerse cargo de cada parte del procedimiento.
La consejera recordó que el decreto ley aprobado para afrontar la contingencia migratoria establece que el Estado debe asumir determinados gastos mientras Canarias se encuentre en esa situación. No obstante, defendió que el Archipiélago no puede asumir “otra competencia más del Estado” sin una negociación previa.
Una figura todavía por definir
Otro de los asuntos que Canarias quiere aclarar es la figura del defensor del menor prevista durante el triaje. Su función sería representar al niño o adolescente durante esta primera fase y garantizar que sus derechos sean respetados mientras se realiza el procedimiento.
Delgado aclaró que no se trata de quien posteriormente vaya a asumir su tutela o guarda. Según la consejera, todavía falta determinar quién ejercerá esta representación, qué perfil deberá tener y cuáles serán exactamente sus funciones.
Abierta la vía judicial
Ante la falta de acuerdo, el Gobierno autonómico continuará con las acciones legales. Canarias ya ha presentado un escrito al delegado del Gobierno con los argumentos de sus servicios jurídicos y prepara ahora un requerimiento formal al Estado. Si tampoco obtiene respuesta por esa vía, Delgado aseguró que "si es necesario, elevaremos esta cuestión al Tribunal Supremo”.
La consejera lamentó que las diferencias entre administraciones vuelvan a terminar en los tribunales mientras Canarias continúa atendiendo a un elevado número de menores migrantes. Según señaló, las cifras de acogida están volviendo a aumentar y los recursos afrontan situaciones de hacinamiento.
Delgado recordó que el Pacto Europeo de Migración y Asilo fue aprobado en 2024 y que sus disposiciones son obligatorias desde el pasado 12 de junio. A su juicio, el Estado ha tenido tiempo suficiente para adaptar su normativa y organizar el nuevo procedimiento. “Mientras tanto, los derechos de estos menores se siguen vulnerando y Canarias no lo va a permitir”, concluyó.
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