La directora de la Asociación Párkinson Tenerife, Nayra González, ha alertado este viernes en comisión parlamentaria sobre el aumento de los casos de párkinson en Canarias, los retrasos en el diagnóstico, la insuficiencia de recursos asistenciales y las desigualdades territoriales que afectan al acceso a la atención especializada en el archipiélago.
Durante su intervención ante los diputados, González expuso la situación que afrontan las personas con esta enfermedad neurodegenerativa y sus familias. Según explicó, la asociación, que cumple 25 años en 2026, ha acompañado a más de 1.500 familias desde su creación y solo durante 2025 realizó más de 12.000 intervenciones, prestando atención sistemática diaria o semanal a unas 200 personas.
La responsable de la entidad señaló que la lista de espera de la asociación "casi iguala" al número de usuarios atendidos, una situación que atribuyó a las carencias existentes en la cobertura pública. "Hacemos lo que el sistema no hace", afirmó, al tiempo que advirtió de que mientras los pacientes esperan atención especializada "la enfermedad no espera".
Retrasos diagnósticos
Entre las principales preocupaciones expuestas por González figura el retraso en la confirmación diagnóstica. Según indicó, existen casos en los que pueden transcurrir entre cinco y siete años hasta obtener un diagnóstico definitivo, pese a que la enfermedad puede estar desarrollándose décadas antes de la aparición de los primeros síntomas.
Además, alertó del incremento de los casos de párkinson de inicio temprano, que afectan a personas menores de 50 años y requieren respuestas adaptadas a sus circunstancias laborales, familiares y económicas. También advirtió de que síntomas como la ansiedad o la depresión pueden preceder al diagnóstico, especialmente en mujeres.
La directora de Párkinson Tenerife reclamó una mayor formación de los profesionales de atención primaria para detectar señales tempranas de la enfermedad y facilitar derivaciones rápidas a los servicios hospitalarios especializados.
Revisiones espaciadas
Durante su comparecencia, González denunció que algunas revisiones médicas se realizan con intervalos de hasta un año o más y aseguró que en las islas no capitalinas los tiempos de espera pueden llegar a alcanzar los dos años.
Asimismo, criticó la falta de un registro actualizado de personas con párkinson y otros trastornos parkinsonianos en Canarias, una carencia que, a su juicio, dificulta la planificación de recursos y el diseño de políticas públicas eficaces.
La compareciente también puso el foco en las diferencias territoriales en el acceso a la atención sanitaria y social. "El código postal sigue condicionando la atención sanitaria y social", afirmó ante los parlamentarios, al tiempo que reclamó una mayor coordinación entre los servicios sanitarios y sociales y una participación más activa de las asociaciones de pacientes en la elaboración de políticas públicas.
Gestor de casos
Otro de los aspectos destacados de su intervención fue la defensa de la figura del gestor de casos, contemplada en la estrategia canaria sobre enfermedades neurodegenerativas, pero cuya implantación, según señaló, sigue sin concretarse. González explicó que una persona con párkinson puede llegar a ser atendida por al menos 16 profesionales diferentes a lo largo de su proceso asistencial. Por ello, consideró necesario incorporar una figura encargada de coordinar recursos, orientar a los pacientes y garantizar la continuidad de la atención.
Además, apostó por incorporar de forma estable a la cartera pública de servicios profesionales como logopedas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, nutricionistas y trabajadores sociales, así como reforzar la formación en atención primaria y mejorar la coordinación entre especialidades hospitalarias.
La directora de Párkinson Tenerife concluyó que mejorar la planificación, concretar la implantación de gestores de casos y reforzar la coordinación entre los distintos niveles asistenciales son medidas fundamentales para ofrecer una atención adecuada a las personas con párkinson en Canarias. "El párkinson no puede seguir siendo una enfermedad invisible dentro de las políticas públicas", zanjó.