El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha denunciado este miércoles en el Parlamento de Canarias que el Ejecutivo central ha excluido al Archipiélago de la orden del abono único de transporte, al no adaptar la normativa a la realidad administrativa de las islas. El consejero ha admitido que el Estado ha anunciado que va a resolverlo, aunque ha matizado que eso todavía "está por ver".
En una respuesta a la diputada del PP Jénnifer Curbelo, Rodríguez ha explicado que el decreto estatal ignora el modelo canario, en el que los fondos se transfieren a los siete cabildos para que estos abonen el servicio a los distintos operadores de transporte.
"Nos han dicho que lo van a corregir, pero está por ver"
El consejero ha recordado que el Gobierno regional ya había reclamado una adaptación específica de la norma el pasado mes de julio, sin que el Estado la incorporase en la versión finalmente publicada. "Nos han dicho que lo van a corregir, que van a resolverlo, pero está por ver", ha manifestado Rodríguez ante la Cámara.
A pesar del desencuentro, el consejero ha querido matizar que la iniciativa estatal le parece una buena idea que, en su opinión, mejorará la movilidad ciudadana una vez resuelto el problema de encaje con Canarias.
Rodríguez ha vuelto a poner sobre la mesa que Canarias se ofreció al Gobierno de España para acoger una prueba piloto del nuevo título de viaje, con el objetivo de testar su funcionamiento ante la complejidad territorial de las ocho islas. La propuesta se apoyaba en el trabajo conjunto que ya se desarrolla con las administraciones insulares y en la tecnología del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), que habría permitido acelerar la implantación del modelo.
Una Conferencia Sectorial que tardó seis años en convocarse
El consejero ha lamentado que el Estado ignorase, por el momento, las demandas planteadas por la comunidad autónoma en la última Conferencia Sectorial de Transportes, celebrada a finales de julio tras seis años sin convocarse. La comparecencia de Rodríguez llega apenas unos días después de que la Dirección General de Transportes y Movilidad del Gobierno canario trasladase formalmente al Ministerio sus dudas sobre el encaje jurídico y financiero del programa, publicado el pasado 1 de septiembre en el BOE.
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