El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha vuelto a reclamar la puesta en marcha de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas en el Archipiélago, al considerar un “grave incumplimiento” que estos servicios sigan sin estar creados ni operativos pese a estar previstos legalmente desde hace años.
La Sala de Gobierno del alto tribunal canario acordó respaldar expresamente la petición formulada por la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de Santa Cruz de Tenerife, que alertó de las "carencias existentes en la atención judicial y asistencial a las víctimas de violencia machista en las Islas".
Acuerdo
En un comunicado explican que el acuerdo, aprobado el pasado 8 de mayo, se produce tras la reunión constitutiva celebrada el 24 de abril por esta comisión en la sede de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, presidida por la magistrada Mónica García de Yzaguirre y formada por representantes de Fiscalía, judicatura, abogacía, procuradores, fuerzas y cuerpos de seguridad, medicina forense y administraciones públicas.
Durante ese encuentro, apuntan, se expusieron "diferentes déficits en recursos vinculados a la atención a víctimas de violencia sobre la mujer", entre ellos la ausencia de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas contempladas en la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima y en el Convenio de Estambul.
Marco normativo
La comisión recordó además que Canarias cuenta desde 2019 con un "marco normativo autonómico que ya preveía la creación de estas oficinas, mediante el Decreto 89/2019 de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad". Dicho decreto contemplaba "equipos integrados por profesionales de psicología, derecho, trabajo social y apoyo administrativo, aunque seis años después siguen sin entrar en funcionamiento", exponen.
Ante esta situación, la Sala de Gobierno del TSJC ha acordado "trasladar nuevamente esta reclamación a la próxima reunión de la Comisión Mixta con el Gobierno de Canarias", donde insistirá en la necesidad "de implantar estas oficinas tanto en Tenerife como en el resto de islas". El órgano de gobierno de los jueces subraya que la creación de estas oficinas "no responde a una decisión opcional, sino al cumplimiento de un mandato legal destinado a garantizar apoyo, orientación, asistencia y acompañamiento especializado a las víctimas desde el primer contacto con la Administración de Justicia".
Relevancia
Además, recalcan que, en los casos de violencia de género, estos servicios son "especialmente relevantes al requerir equipos multidisciplinares capaces de evaluar de forma individualizada las necesidades de protección y asistencia de cada víctima". La Sala también deja constancia de que la falta actual de infraestructuras judiciales en Santa Cruz de Tenerife "no puede servir como excusa para retrasar su implantación, al considerar que podrían habilitarse en otras dependencias".
Junto a esta reclamación, el TSJC respaldaron otras demandas planteadas por la Comisión Provincial, como el refuerzo de personal en el Instituto de Medicina Legal o la necesidad de formación específica para el personal interino destinado a las secciones de violencia sobre la mujer.