El Gobierno de Canarias ya trabaja en una nueva normativa de playas que remplace el decreto de 2018 anulado por el Tribunal Supremo que obligaba a los municipios de menos de 20.000 habitantes a contar con vigilancia. Desde el área de Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias ya trabajan con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para revisar el catálogo de playas y zonas de baño y desarrollar la norma como ley, tal y como exige el Supremo.
Con esta tarea en mente este lunes el viceconsejero de Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, y la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Mari Brito, han alcanzado un acuerdo para la revisión del catálogo y la elaboración de una ley de seguridad en las zonas de baño.
Hacia un nuevo texto
Ambas insitituciones han recalcado la necesidad de alcanzar un acuerdo para la coordinación en materia de seguridad del litoral. La intención es fijar una nueva hoja de ruta para que los ayuntamientos asuman la seguridad, pero con financiación para prestar el servicio, al menos los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que son 58 de los 88 del archipiélago.
Por ello, se recabará toda la información para contrastarla y utilizarla como punto de partida de la ley. Durante la rueda de prensa de presentación de los trabajos, la presidenta de la Fecam ha recordado que los ayuntamientos que han asumido esta seguridad desde 2018 hasta la anulación del decreto reclaman una compensación económica por los gastos asumidos, algo que el viceconsejero ha señalado que se llevará a cabo.