Los 28 bebés que entraron en el sistema de protección de Canarias durante el mes de agosto encendieron las alarmas dentro de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias.
Fue una situación “excepcional”, asegura su responsable, Sandra Rodríguez, que obliga ahora a mirar más allá de esos casos concretos y preguntarse qué ocurre antes de que un menor tenga que ser separado de su familia. Para Rodríguez, la falta de prevención se plantea como la principal causa posible.
Canarias cuenta actualmente con 1.761 menores en situación de desamparo. De ellos, 995 viven en acogimiento familiar y otros 766 en recursos residenciales, por lo que el 56,5% permanece con una familia. A su vez, el Archipiélago dispone de 335 familias de acogida, frente a las 280 que había en abril de 2025, aún así siguen siendo "insuficientes".
Falta de prevención
Para Rodríguez, el primer escalón del sistema no está en las familias de acogida ni en los centros. “La protección empieza con la prevención”, insiste. Cuando aparecen señales de riesgo, son los servicios municipales quienes trabajan inicialmente con el menor y su familia, con la coordinación de los cabildos y de la Dirección General. El objetivo es intentar resolver la situación sin que el niño tenga que abandonar su entorno.
Durante 2026, 39.230 menores han sido atendidos en Canarias mediante actuaciones de apoyo familiar y prevención, de los que 10.511 pasaron por programas gestionados por entidades del tercer sector. Según los datos de la Dirección General, el 85% de los menores atendidos en situaciones de riesgo ha podido continuar viviendo en su hogar.
Pese a ello, la Dirección General reconoce que está detectando un aumento de las necesidades de intervención y una situación cada vez más preocupante. “Hay municipios en los que hay casos de menores que no han sido atendidos en riesgo y entran directamente al sistema de protección”, explica Rodríguez, que se pregunta "¿por qué está fallando la prevención?".
Menos redes de apoyo
La directora general, además de la falta de prevención, empieza a percibir una falta de redes de apoyos cotidianos para las familias, es decir, padres y madres cuentan con una red más reducida de abuelos, tíos o incluso vecinos a la que recurrir cuando aparecen dificultades.
Aunque, en este sentido, Rodríguez aclara que "la pobreza no es un indicador por sí solo de desprotección". Los indicadores que pueden llevar a intervenir son otros, explica, como situaciones de violencia, consumo de sustancias o falta de cuidados, aunque cada caso debe analizarse individualmente.
Cómo funciona el sistema de protección
Cuando la intervención previa no es suficiente y se determina que existe una situación de desamparo, el Gobierno de Canarias asume la tutela del menor. A partir de ahí se estudian sus circunstancias y se decide qué medida de protección se adapta mejor a sus necesidades.
La primera posibilidad es que pueda hacerse cargo algún miembro de su familia extensa, como abuelos, tíos u otros familiares. Si eso no es viable, puede recurrirse al acogimiento con una familia ajena o a un recurso residencial. Estos últimos siguen siendo necesarios en determinados casos y también se tiene en cuenta, en función de su edad y madurez, la opinión del propio menor.
Acoger no significa adoptar
En el caso del acogimiento familiar, no se debe confundir con la adopción. Mientras el menor vive con otra familia, el sistema sigue trabajando con sus padres para determinar si pueden darse las condiciones necesarias para que regrese con ellos. La reintegración familiar es, siempre que sea segura y responda al interés del niño, el objetivo principal.
Rodríguez cifra en 217 los menores que han regresado con sus familias de origen durante esta legislatura. “Quizás pueda parecer poco”, reconoce, pero señala que cada retorno exige una valoración individual y que una decisión de este tipo no puede tomarse “a la ligera”.
Un diagnóstico de la situación
La situación registrada en agosto y el aumento de las necesidades de intervención han llevado a la Dirección General a querer mirar el sistema en conjunto. Para ello ha encargado a las dos universidades públicas canarias un diagnóstico sobre la situación de la infancia y la adolescencia en el Archipiélago, coordinado por la catedrática emérita María José Rodrigo.
El estudio pretende conocer qué está ocurriendo actualmente en Canarias, qué factores pueden estar detrás de las situaciones de desprotección, dónde están fallando la prevención y la intervención, cómo varía la realidad entre islas e incluso entre zonas de una misma isla y qué aspectos del sistema deben mejorarse.
También servirá para evaluar las políticas aplicadas hasta ahora y preparar la próxima estrategia canaria de infancia y adolescencia.
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