El principal acusado del 'caso Catastro', una presunta trama dedicada a falsificar expedientes para apropiarse de propiedades en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, ha admitido este martes ante la Audiencia de Las Palmas los hechos que se le atribuyen y que ocurrieron entre 2011 y 2016.
Santiago Ramón M.M., que inicialmente se enfrentaba a una petición de 17 años de prisión por falsificación continuada de documento público, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, ha asumido todos los cargos formulados por la acusación.
Durante su interrogatorio, el procesado ha reconocido que formó parte de una trama que modificaba la titularidad de decenas de fincas e inmuebles sin conocimiento de sus propietarios para obtener un beneficio económico. También ha admitido que alteró contratos de compraventa para presentarlos ante la Gerencia Territorial del Catastro de Las Palmas.
Un acuerdo con la Fiscalía
Fuentes de su defensa han explicado que la confesión se produce después de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía para que las penas solicitadas por cada uno de los delitos sean inferiores a dos años de prisión.
En el procedimiento figuraban inicialmente otros cuatro acusados. Dos han fallecido, mientras que José O.M. y José María C.F. se enfrentan a peticiones de 13 y nueve años de cárcel, respectivamente, por los mismos delitos, salvo el de estafa. Sus defensas solicitan la absolución y ambos declararán al final del juicio.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, durante la investigación fueron incautados 47 vehículos de alta gama, relojes de lujo y joyas, además de fincas y otros bienes inmuebles.
Expedientes sin trámite de audiencia
Durante la primera sesión del juicio también ha declarado un guardia civil del grupo de Patrimonio que participó en la investigación desde sus comienzos. Según su testimonio, el caso se inició a raíz de la denuncia de un perjudicado de Fuerteventura.
El agente ha señalado al acusado y funcionario Jesús O.M. como la persona que actuaba en el Catastro, mientras que el fallecido Roque M.M. sería quien pretendía beneficiarse de aquella primera operación en Fuerteventura.
Los expedientes investigados presentaban, según el agente, características comunes: carecían del trámite de audiencia, algunos se completaban en un solo día pese a que habitualmente requieren más tiempo y no contenían acuse de recibo de los interesados.
El testigo ha explicado además que se llegaron a alterar 158 expedientes gracias a la información privilegiada que, presuntamente, obtenían a través del funcionario Jesús O.M., quien tenía acceso a la base de datos del Catastro.
Contratos con propietarios fallecidos
Según el relato de la Guardia Civil, los investigados utilizaban propiedades que figuraban en el Catastro como pendientes de investigación. Para ello, falsificaban contratos de compraventa y los fechaban principalmente en los años ochenta y noventa, aprovechando que en muchos casos el propietario legítimo había fallecido.
La mayoría de las propiedades afectadas eran fincas rústicas, según el testimonio aportado ante el tribunal.
El cometido de Santiago Ramón M.M. habría incluido la captación de personas que actuaban como testaferros para utilizar los contratos privados y posteriormente elevarlos a escritura pública ante notario. El agente lo ha definido como el "conseguidor de los hombres y mujeres de paja".
Estas personas, según la investigación, eran utilizadas de forma reiterada y posteriormente vendían las propiedades que les habían sido adjudicadas a sociedades mercantiles vinculadas a los procesados.
La defensa cuestiona los registros
Durante la sesión también han declarado otros dos guardias civiles que participaron en las entradas y registros practicados en oficinas y viviendas de los acusados, así como en la sede del Catastro de Primero de Mayo.
El abogado de Jesús O.M., Sergio Armario, ha solicitado la nulidad del registro realizado en el Catastro y en la gestoría de José María C.F.. La defensa sostiene que los agentes se extralimitaron respecto a la autorización judicial y que se incautó material informático sin autorización y sin presencia del fedatario público.
El letrado ha afirmado que "la Guardia Civil recabó lo que quiso" y ha cuestionado también que en el auto judicial no se mencionara el registro del despacho de un abogado ubicado en la gestoría.
La defensa ha pedido que se retire de la causa todo el material incautado, tanto en papel como en soporte informático, incluido el intervenido en el despacho del abogado. El tribunal deberá pronunciarse sobre estas cuestiones en la sentencia.
El abogado también ha sostenido que no existen indicios de que su cliente haya cometido delito alguno y ha señalado que desde 2012 Jesús O.M. ocupaba un puesto como inspector de Sanidad Vegetal en las oficinas del puerto de Las Palmas, sin vinculación con la oficina del Catastro.
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