La Secretaría de Juventud de CCOO Canarias ha cargado este lunes contra las políticas de vivienda impulsadas en las Islas y considera insuficientes medidas como la Hipoteca Joven o el Bono Alquiler Joven para afrontar las dificultades de acceso a una vivienda.
Bajo la premisa de que "las casas son para vivir", el sindicato reclama una intervención más amplia sobre el mercado de la vivienda y acusa a las administraciones de recurrir a medidas que, a su juicio, no resuelven los problemas estructurales que afronta especialmente la población joven.
CCOO ha realizado este pronunciamiento después del caso de Maricarmen, una mujer cuyo desalojo ha generado una fuerte repercusión social en Canarias y que el sindicato utiliza como ejemplo de las dificultades habitacionales que, sostiene, afectan a numerosas familias.
"Lo que ha pasado con Maricarmen nos ha conmovido, pero, sobre todo, ha supuesto un cambio de chip en una sociedad que ya no puede ni quiere seguir aguantando", señala la organización.
Críticas a las ayudas
Una de las medidas cuestionadas por el sindicato es el programa Hipoteca Joven – Mi Primera Vivienda de Canarias.
El programa fue regulado mediante decreto el pasado mes de julio, aunque actualmente todavía no se encuentra operativo. El Gobierno de Canarias trabaja en la formalización de convenios con entidades financieras antes de que puedan empezar a tramitarse solicitudes.
CCOO considera que facilitar el acceso al crédito no soluciona las dificultades de jóvenes con bajos salarios o sin capacidad suficiente de ahorro y advierte del riesgo de aumentar su endeudamiento.
El sindicato también cuestiona el Bono Alquiler Joven 2026, cuya convocatoria permanece abierta actualmente en Canarias y contempla ayudas de 250 euros mensuales durante un máximo de 24 meses para personas de hasta 35 años que cumplan los requisitos establecidos.
Para CCOO, las condiciones de acceso y la evolución del mercado del alquiler reducen la eficacia de este tipo de subvenciones.
Jóvenes y alquiler
El sindicato vincula sus críticas con las dificultades que afronta la población joven para emanciparse en Canarias.
Los últimos datos específicos disponibles del Observatorio de Emancipación para Canarias, correspondientes al segundo semestre de 2024, situaban la tasa de emancipación juvenil de las Islas en el 14,1%.
Ese mismo informe calculaba que una persona joven asalariada residente en Canarias tendría que destinar alrededor del 119,1% de su salario mensual para alquilar una vivienda en solitario.
Los datos nacionales más recientes tampoco muestran una mejora sustancial. El Observatorio de Emancipación correspondiente al segundo semestre de 2025 situó la tasa española en el 14,5% y calculó que un alquiler medio absorbía el 98,7% del salario de una persona joven.
El propio Gobierno de Canarias reconoce en las bases del Bono Alquiler Joven 2026 que el aumento sostenido de los precios de compraventa y alquiler supone una barrera significativa para la emancipación.
Las propuestas de CCOO
Ante esta situación, CCOO Canarias plantea cuatro medidas principales.
La primera es paralizar los desahucios de personas vulnerables cuando no exista una alternativa habitacional.
También reclama la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y la aplicación de mecanismos previstos en la legislación estatal para limitar las subidas de los alquileres en aquellas áreas donde se cumplan los requisitos establecidos.
En materia turística, la organización pide una moratoria sobre nuevas licencias de vivienda vacacional en suelo residencial, al considerar que este tipo de alojamiento reduce la oferta disponible para residentes.
Por último, apuesta por aumentar el parque público de vivienda destinada al alquiler protegido, incluyendo una reserva específica para población joven.
"Un territorio sin pueblo"
CCOO sostiene que las dificultades para acceder a una vivienda ya condicionan la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida independiente para buena parte de la juventud canaria.
La organización relaciona esta situación con la combinación de los precios del alquiler, los salarios y la transformación de parte del parque residencial hacia usos turísticos.
"Si Canarias no protege la vivienda de su gente, terminará siendo un territorio sin pueblo", afirma el sindicato en su comunicado.
La Secretaría de Juventud concluye además señalando al martes 29 de septiembre como una fecha relevante para las decisiones que puedan producirse en materia de vivienda a escala estatal y reclama cambios adicionales en las políticas públicas.
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