CCOO Canarias ha denunciado este viernes que en el archipiélago los médicos objetores de conciencia en hospitales públicos practican abortos en centros privados, donde en 2023 se realizaron el 93 % de las interrupciones voluntarias del embarazo.
La secretaria de Mujer de CCOO en Canarias, Elvira Isabel Hernández, advirtió que “no puede ser que los mismos facultativos que no quieren practicar abortos en la pública los realicen en la privada”, al presentar el informe 'Por el derecho efectivo al aborto para todas'.
Críticas de CCOO
Hernández recordó que el registro de objetores no es público por protección de datos, pero recalcó que “no puede prevalecer el derecho individual de un facultativo sobre el de más de la mitad de la población”.
La sindicalista exigió que el derecho al aborto se garantice en la sanidad pública y que no dependa del lugar de residencia, la isla o el nivel socioeconómico de las mujeres.
Datos de 2023
El informe se basa en la Encuesta de Interrupción Voluntaria del Embarazo del Ministerio de Sanidad. En 2023 se realizaron 4.953 interrupciones en Canarias, de las que 1.136 fueron en mujeres de entre 25 y 29 años.
Por provincias, se practicaron 2.581 en Santa Cruz de Tenerife y 2.372 en Las Palmas. En Gran Canaria notificaron tres hospitales, en Fuerteventura dos, pero en Lanzarote no consta ninguno, según el Ministerio.
Derivación a clínicas privadas
La responsable de igualdad de la Federación de Sanidad de CCOO, Belinda Santana, señaló que el Servicio Canario de Salud (SCS) deriva muchos casos a clínicas concertadas, lo que explicaría el alto porcentaje de abortos en el sector privado.
Santana denunció que, en la sanidad pública, se utiliza principalmente medicación, enviando a las mujeres a casa a sangrar sin acompañamiento adecuado, mientras que en las privadas se suele practicar intervención quirúrgica.
Inequidad en el acceso
El informe advierte de la desigualdad territorial en el acceso: en La Palma, La Gomera y El Hierro no consta ningún centro que practique abortos. Esto obliga a las mujeres a desplazarse, lo que dificulta ejercer este derecho a tiempo.
Además, señala la situación de vulnerabilidad de niñas y mujeres migrantes en situación irregular, que encuentran barreras burocráticas que las pueden empujar a abortos no seguros.
Perfil de las mujeres
El perfil mayoritario es de mujeres con estudios de bachillerato o FP, sin hijos, que no utilizan métodos anticonceptivos, presentan menos de ocho semanas de gestación y suelen ser trabajadoras o desempleadas.
La mayoría tiene nacionalidad española, seguidas de mujeres latinoamericanas, que se informaron previamente en centros públicos.
Contexto internacional
Hernández contextualizó esta denuncia recordando que en EE. UU. y en algunos países de América Latina se están restringiendo los derechos reproductivos, aunque celebró que en 2023 Francia incluyera el aborto en su Constitución.
“Las mujeres nos enfrentamos a una yincana que dificulta el ejercicio de un derecho fundamental, y el Estado debe garantizar que sea accesible, gratuito y seguro”, concluyó.