La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denuncia que las políticas migratorias, cada vez más restrictivas, están dejando a millones de personas atrapadas en países donde sus vidas corren peligro.
Esta advertencia la hicieron durante la presentación de su Informe Anual sobre la situación de las personas refugiadas en España y Europa, este lunes en Las Palmas de Gran Canaria, como reflejo de que el descenso de personas desplazadas forzosamente en el mundo no responde a una mejora de los conflictos o de las causas que obligan a huir, sino al endurecimiento de las fronteras, la externalización del control migratorio y el aumento de los retornos forzosos.
Menos desplazamientos, más necesidades
Según el informe, en 2025 hubo 117,5 millones de personas desplazadas, un 5% menos que el año anterior, el primer descenso en una década. Desde CEAR insisten en que ese dato no puede leerse como una buena noticia.
La organización recuerda que durante el último año siguieron intensificándose los conflictos, la violencia, la inestabilidad política, la crisis climática y las vulneraciones de derechos en distintos puntos del planeta.
Principales países
Afganistán, Siria, Venezuela, Ucrania, Sudán, la región del Sahel, la República Democrática del Congo, Somalia y Palestina figuran entre las principales crisis de desplazamiento forzado.
A ellas se suma, según la entidad, un contexto internacional marcado por el debilitamiento de la solidaridad y la cooperación, así como por el auge de los discursos contra la migración.
El Pacto Europeo de Migración y Asilo
Uno de los principales focos de preocupación para CEAR es el Pacto Europeo de Migración y Asilo, en vigor desde el pasado 12 de junio. La organización considera que este marco puede dificultar aún más el acceso a la protección internacional al reforzar la externalización de fronteras, los procedimientos acelerados y la posibilidad de elaborar listas de países considerados seguros.
En ese sentido, CEAR alerta de que entre esos países pueden figurar territorios con graves déficits en materia de derechos humanos, como Turquía, Colombia, Egipto o Túnez.
Políticas hostiles
Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR en Canarias, señala que el pacto europeo es "sinónimo de más control, más deportaciones y menos protección”.
A ello se suma, la preocupación al futuro Reglamento de Retorno, que podría permitir detenciones prolongadas y expulsiones a centros de deportación en terceros países, incluso cuando la persona no tenga ningún vínculo previo con ese territorio.
“España tiene margen de maniobra”
Lorenzo recuerda que la entrada en vigor del pacto migratorio llega con una cuestión todavía pendiente en España: la renovación de la Ley de Asilo. Para CEAR, esa actualización es clave para que el nuevo marco europeo no se traduzca en más obstáculos para quienes necesitan protección internacional.
Por ello, el coordinador territorial de CEAR en Canarias defiende que “España tiene aún margen de maniobra para que la implementación del Pacto garantice derechos”. En esa línea, reclama al Gobierno que asegure el principio de no devolución, la asistencia jurídica, el acceso a información clara, una interpretación de calidad y una atención específica a las personas más vulnerables, especialmente a los menores.
Solicitudes de asilo
En España, las solicitudes de asilo cayeron un 13,7% en 2025, frenando la tendencia ascendente de los últimos años. CEAR vincula este descenso a la reducción de llegadas por los acuerdos con terceros países para contener los flujos migratorios y al efecto disuasorio del nuevo Reglamento de Extranjería, que no permite computar el tiempo de espera de la solicitud de asilo para acceder después a determinados tipos de arraigo.
Canarias, sin embargo, rompe esa tendencia. Las Islas registraron 7.825 solicitudes de protección internacional en 2025, frente a las 7.667 del año anterior, lo que supone un aumento del 2%. Las principales nacionalidades solicitantes fueron Venezuela, Mali, Colombia, Senegal, Guinea, Gambia y Perú.
La ruta canaria
En cuanto a la ruta canaria, las llegadas a las costas del Archipiélago han descendido un 62% respecto al año anterior. Esta bajada, como expone CEAR, no implica que las rutas sean más seguras ni que hayan desaparecido las causas que empujan a migrar, sino que muchas personas se ven obligadas a permanecer en lugares donde no tienen garantizada su protección.
La entidad reclama por ello vías legales y seguras para acceder a la protección internacional y evitar nuevas muertes en las rutas migratorias.
Infancia migrante y sistema de acogida
La organización también subraya que el 15% de las llegadas a costas fueron niños, niñas y adolescentes sin referentes familiares. En este punto, CEAR reconoce que la reforma de la Ley de Extranjería ha agilizado los traslados de menores solicitantes de protección internacional desde Canarias a la Península.
Lorenzo apunta que, cerca de 800 niños, niñas y adolescentes sin referentes familiares han sido derivados desde Canarias a otras comunidades autónomas.
Aun así, el coordinador de la entidad en las Islas recordó que “un sistema sobresaturado, sea cual sea, es sinónimo de fragilidad de derechos”. Por eso, defiende que la descongestión debe ir acompañada de una mejora de los recursos, los espacios, los procesos de inclusión y los equipos profesionales.
España, a la cola en reconocimiento
Otro de los datos que CEAR considera especialmente preocupante es la baja tasa de reconocimiento de protección internacional en España. Según el informe, el país se quedó en un 11% de resoluciones favorables, más de siete puntos menos que el año anterior y muy lejos de la media europea, situada en el 34%.
Esto coloca a España en el antepenúltimo lugar de la Unión Europea en cuanto a resoluciones favorables, solo por delante de Croacia y Chipre. Para CEAR, esta realidad evidencia que el acceso formal al procedimiento de asilo no siempre se traduce en una protección efectiva para quienes huyen de conflictos, persecuciones o graves vulneraciones de derechos.
Vivienda, padrón y derechos básicos
La entidad advierte además de que las vulneraciones de derechos no se producen solo en las fronteras o en los países de origen y tránsito. Una vez en España, las personas migrantes y refugiadas siguen encontrando obstáculos para acceder a derechos básicos como el Ingreso Mínimo Vital, la vivienda o el empadronamiento.
En el caso del padrón, "está siendo prácticamente el principal obstáculo” para acceder a derechos. Por ello, CEAR reclama protocolos más claros y eficaces que eviten que la burocracia acabe dejando fuera a quienes necesitan protección y acompañamiento.
Auge de los discursos de odio
CEAR también alerta del auge de los discursos de odio y de las retóricas antiinmigración, en un contexto cada vez más hostil hacia las personas migrantes y refugiadas.
La entidad recuerda que los delitos e incidentes de odio vinculados al racismo y la xenofobia crecieron un 23,6% en 2025, aunque Lorenzo subraya que el problema va más allá de lo judicial y alcanza también a los discursos que se instalan en la conversación pública con “un nivel de impunidad realmente intolerable”.
Un pacto contra el odio
Ante esta situación, CEAR reclama una respuesta política clara. “Hacemos un llamamiento a la responsabilidad política y exigimos una vez más que se apruebe un Pacto de Estado contra esta escalada del odio que erosiona la cohesión social”, sostuvo Lorenzo.
Para la entidad, hacen falta compromisos jurídicos, presupuestarios y mecanismos de protección estables frente a una narrativa que criminaliza a las personas migrantes y refugiadas.
Personas refugiadas con voz propia
La presentación del informe sirvió también para dar a conocer el nuevo Comité de Personas Refugiadas impulsado por CEAR, un espacio de participación y representación formado por personas con experiencia de desplazamiento forzado.
Entre ellas se encuentran Nicole Sirikari Pachka, de 28 años y procedente del Congo, que vive en Gran Canaria desde 2023, y Edwin Abadía, colombiano de 40 años que llegó a la isla en 2001.
Ambos compartieron sus historias como ejemplo de las distintas etapas del proceso de acogida e inclusión. Sirikari explicó que trata de abrirse un futuro en Gran Canaria, mientras que Abadía relató que ha logrado construir su vida en la isla, donde está casado, tiene tres hijos y trabaja como asesor financiero.
Los dos coincidieron en que quieren que su experiencia sirva para crear redes de apoyo y reclamaron la implicación de instituciones públicas y privadas.