Un mecánico, un comercial o un profesor de idiomas de Senegal, Gambia o Malí no tiene hoy ninguna forma legal de venir a trabajar a España, según explica a Atlántico Hoy el profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Lucas Andrés Pérez Martín, especialista en migraciones, en plena llegada de cayucos a Canarias. “La única opción que tiene un ciudadano normal de cualquier país africano para venir a Europa es en patera. Jugándose la vida”, resume.
Sus palabras llegan después de que el Gobierno central declarara este martes la emergencia migratoria en Canarias, con 15,18 millones de euros para habilitar plazas de acogida y costear traslados, tras una reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración con el presidente canario, Fernando Clavijo, y el del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas.
Clavijo abordará además este miércoles con el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, el posible despliegue de Frontex en las costas africanas para frenar las salidas.
Para Pérez Martín, que dirige el proyecto Compass de Casa África con socios de Senegal, Gambia y Mauritania, el foco está mal dirigido: “Control de la frontera, perfecto, pero dale una salida ordinaria, legal”.
Salida para unos pocos
La Ley de Extranjería reserva el visado de trabajo a perfiles muy tasados: altos directivos de grandes empresas, periodistas acreditados por medios africanos o religiosos reconocidos por su confesión, entre otros. “Son personas muy elegidas”, explica el profesor.
La otra vía es el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, que el Servicio Público de Empleo Estatal publica cada trimestre y que permite contratar a un extranjero cuando no hay trabajadores disponibles en España. En la práctica, ese catálogo se reduce a empleos vinculados al mar y al deporte profesional, y exige además que la empresa contratante haga todo el trámite desde aquí.
“Todas las demás personas africanas, cualquier profesional ordinario, normal, ninguno puede venir a España”, afirma Pérez Martín, que compara la situación con la de Italia, donde el llamado decreto flussi fija cupos anuales de trabajadores extranjeros.
“Si eres mecánico de coches, no puedes venir. Cero posibilidades de venir laboralmente”, insiste, a pesar de que, según recuerda, las empresas canarias reclaman profesionales en servicios, agricultura o tareas administrativas.
Un visado casi imposible
La única alternativa es el visado de corta estancia, de un máximo de tres meses, para el que hay que acreditar alojamiento, billete de ida y vuelta y medios para mantenerse, o una carta de invitación de un familiar residente. “Hay un sistema de visados bastante colapsado, que no es especialmente ágil, en el que hacen falta muchos meses y que es muy restrictivo”, señala.
El propio profesor ha vivido esta situación. Cuando la ULPGC organizó un congreso e invitó a varios doctorandos africanos, el consulado le llamó para preguntarle si se hacía responsable de ellos si no regresaban, ya que quien firma la invitación también puede ser sancionado con multas de hasta 500€ si el invitado se queda de forma irregular.
Esa dificultad conecta con lo que contaba a este medio la periodista senegalesa Marie Louise Ndiaye: muchas de las personas que se suben a un cayuco habían visto antes rechazada su solicitud de visado.
Asilo, arraigo o limbo
Una vez en Canarias, la primera puerta es la protección internacional, que exige acreditar persecución o una situación de guerra en el país de origen. “En el caso de Malí es muy factible; en los otros países es más difícil”, explica Pérez. Según los datos de Frontex hasta el 31 de octubre, los malienses son ya solo el cuarto grupo entre los llegados a Canarias, por detrás de senegaleses, marroquíes y gambianos.
“No hay un derecho internacional a la migración económica”, subraya el profesor. A quien se le deniega el asilo solo le queda el arraigo, que exige al menos dos años de estancia en España y encajar en una de sus cinco modalidades: social, sociolaboral, socioformativo, familiar o de segunda oportunidad. “Si no estás en una de esas situaciones, estás en un limbo jurídico”, advierte.
Ese limbo es el que buscó resolver la regularización extraordinaria, cuyo plazo terminó el pasado 30 de junio con más de 1,17 millones de solicitudes, según el Ministerio de Inclusión. Para quienes lleguen ahora en cayuco, esta vía ya no existe.
Cooperar “en modo africano”
El profesor de la ULPGC rechaza las respuestas mágicas: “No hay una solución. Es un fenómeno humano que va a seguir existiendo”. Recuerda que África es el continente con mayor crecimiento demográfico, mientras sigue muy atrás en lo económico, y la mayor parte de la movilidad africana se produce dentro del propio continente. Además, añade que “la mayor diferencia socioeconómica del planeta es la valla de Ceuta y Melilla”.
Su propuesta pasa por varios pasos: cooperación a largo plazo, migración circular para que los trabajadores se formen aquí y vuelvan con proyectos propios, cupos anuales pactados con los países de origen y, solo después, colaboración en el control fronterizo. “Que los europeos trabajen con los africanos en modo africano, no en modo europeo”, defiende.
Sobre la vigilancia de costas que hoy centra el debate, es tajante: “Todo lo que invirtamos en seguridad no sirve, porque la costa es inmensa”. Senegal, recuerda, es un país pesquero con miles de cayucos en sus playas.
“La historia demuestra que las políticas solo represoras y securitarias no funcionan. La gente va a seguir viniendo y se va a morir”, concluye. La salida, a su juicio, son “acuerdos entre Europa y África, no imposiciones”.
Añadir AtlánticoHoy como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.