Imagen de un aula en la ULPGC / ULPGC
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Estudiantes de la ULPGC exigen la dimisión del Consejo de Estudiantes por su postura ante la huelga del 11N

El comité estudiantil de huelga acusa al Consejo de Estudiantes de dar la espalda a las reivindicaciones sobre vivienda y cuestiona su decisión de no convocar un paro académico general el 11 de noviembre

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Alberto Ley

La convocatoria de la huelga general del próximo 11 de noviembre ha abierto un enfrentamiento dentro de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). El Consejo de Estudiantes (CEST) y parte del alumnado mantienen posiciones enfrentadas después de que el órgano de representación estudiantil decidiera no promover un paro académico general para respaldar la movilización.

La polémica ha ido más allá de la decisión de secundar o no la huelga. Los estudiantes críticos acusan al Consejo de dar la espalda a las reivindicaciones del alumnado y cuestionan su capacidad para representar al conjunto de la comunidad universitaria. Por su parte, el CEST defiende su independencia y sostiene que su actuación responde a las decisiones adoptadas por la Asamblea de Representantes.

Exigen la dimisión

En un escrito crítico con la postura del Consejo, un grupo de estudiantes considera que la decisión de no convocar un paro académico general supone privar al alumnado de una herramienta para ejercer su derecho a la huelga sin sufrir posibles consecuencias académicas.

Los firmantes sostienen que la Asamblea del CEST es el órgano competente para aprobar este tipo de movilizaciones y aseguran que la decisión se tomó por mayoría absoluta, pese a las decenas de solicitudes de paro que, según indican, habían recibido durante las semanas anteriores.

El escrito también cuestiona que el Consejo considere que las reivindicaciones sobre vivienda responden a intereses ideológicos ajenos al ámbito universitario. Los estudiantes defienden que la crisis habitacional afecta directamente a quienes estudian en la ULPGC, especialmente por las dificultades para encontrar alojamiento y las condiciones de algunas residencias universitarias.

Como ejemplo, los críticos mencionan a otras instituciones académicas que sí han respaldado movilizaciones relacionadas con el 11N, entre ellas la Universidad de La Laguna y universidades públicas andaluzas.

La crítica termina con una exigencia contundente: la dimisión en bloque de la junta directiva del CEST, tanto de los representantes a los que acusan de haber insultado públicamente a estudiantes en redes sociales como de quienes, según denuncian, no actuaron ante esos comportamientos.

El CEST se defiende

Ante las críticas, el Consejo de Estudiantes difundió un comunicado en el que reivindicó su carácter plural, independiente y apartidista. El órgano recordó que representa a estudiantes con sensibilidades ideológicas y opiniones políticas diversas y defendió que su cometido es trabajar por los intereses académicos y sociales del alumnado a través de los cauces institucionales.

En su posicionamiento, el CEST sostuvo que entre sus funciones no está adherirse a convocatorias de paros académicos que excedan los cauces propios de la representación estudiantil.

También reivindicó su labor en cuestiones como la mejora de las infraestructuras universitarias, las condiciones de las cafeterías, la seguridad en los campus, las becas y la calidad de vida del estudiantado.

Posteriormente, el Consejo publicó un comunicado aclaratorio ante las reacciones que había provocado su primera declaración, emitida el 6 de noviembre.

En él recordó que la Asamblea General es soberana y que el CEST actúa conforme a lo que decida este órgano. Además, aseguró que no ha privado ni privará a ningún estudiante de su derecho a manifestarse y expresó que no convocar un paro académico no significa estar en contra de la huelga general.

Disculpas por dos representantes

Uno de los aspectos más llamativos de la rectificación del Consejo fue la referencia al comportamiento de dos de sus representantes.

El CEST pidió disculpas por los comentarios realizados por ambos y anunció que serán sometidos a las correspondientes medidas disciplinarias, al considerar que su comportamiento no representa ni cuenta con el respaldo del órgano.

El Consejo también trasladó sus mejores deseos a las personas que participarán en las manifestaciones del 11N y expresó su esperanza de que consigan sus reivindicaciones.

Qué dice el reglamento

El enfrentamiento tiene además un componente relacionado con las competencias de los órganos de representación estudiantil.

El Reglamento 10/2024 de paro académico de la ULPGC establece que la convocatoria de un paro académico general debe partir de una propuesta del Consejo de Estudiantes y someterse posteriormente a debate y aprobación de la Asamblea de Representantes, que necesita una mayoría absoluta para sacarla adelante.

Una vez aprobado, el procedimiento exige que la convocatoria sea firmada, al menos, por la Presidencia y la Secretaría del CEST y remitida a la Secretaría General y al Vicerrectorado competente con un mínimo de cinco días hábiles de antelación.

Por tanto, la normativa establece una participación de ambos órganos: la Asamblea debe aprobar el paro y el Consejo tiene un papel formal en su propuesta y tramitación.

La vivienda, detrás del 11N

La disputa se produce a las puertas de la huelga general del miércoles 11 de noviembre, convocada a nivel estatal para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda, mejoras salariales y medidas frente al encarecimiento del coste de la vida.

CCOO y UGT Canarias han llamado a participar en la movilización, que también cuenta con el respaldo de otras organizaciones. El Sindicato de Estudiantes, por su parte, ha convocado una huelga estudiantil en institutos y universidades para esa misma jornada.

En Canarias, el acceso a la vivienda se ha convertido también en un problema para los universitarios. El encarecimiento del alquiler de habitaciones y la falta de alojamiento están llevando a algunos jóvenes, especialmente a quienes deben trasladarse desde otras islas, a plantearse incluso abandonar sus estudios.

La polémica deja así al Consejo de Estudiantes de la ULPGC en el centro de las críticas a solo dos días de una movilización estatal que pretende situar el derecho a una vivienda digna entre las principales reivindicaciones sociales.

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