En Lomo Negro, frente a la localidad de El Fraile, en Arona, nadie habla de urbanismo. Se habla de alquileres imposibles, de créditos y de casas construidas poco a poco. "Si una persona gana 1.000 euros, ¿cómo va a pagar 1.000 euros de alquiler? ¿Cómo come? ¿Cómo vive?", se pregunta una representante de la asociación de vecinos del barrio en conversación con Atlántico Hoy.
Lomo Negro está construido sobre un terreno rústico donde la ley no permite vivir, y acumula órdenes de derribo y un procedimiento judicial. Según la estimación de la propia asociación, hay unas 600 casas en las que viven miles de personas. "La mayoría, por decirte un 97%, son gente trabajadora, sobre todo de la hostelería", asegura.
Su historia refleja un problema que va más allá de un barrio. En este municipio tinerfeño, 700 personas están inscritas como demandantes de vivienda pública, según la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, y un informe municipal localiza 22 asentamientos informales en el municipio.
Comprar un terreno
Los vecinos describen el mismo recorrido: sueldos que no alcanzan, pisos pequeños y propietarios que ponen condiciones. "Las viviendas que había eran de 30, de 40, de 50 metros. Si una familia es de seis o siete, ¿dónde se metían?", explica la representante vecinal sobre la situación que se enfrentan miles de ciudadanos en el municipio sureño. A eso se sumaba la puerta cerrada de los bancos: "Puedes tener 20.000 o 30.000 euros ahorrados, pero no le dan la hipoteca a cualquiera".
La salida que encontraron fue comprar un trozo de terreno. Según la asociación, la primera vivienda registrada en la zona data de 2001, pero el barrio creció con fuerza a partir de 2008 y 2010.
La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife recogió en su denuncia de 2023 que las fincas se dividían en parcelas de 10.000 metros cuadrados, el máximo legal, y que los compradores adquirían un porcentaje de la finca a partir de 29.000 euros.
Las casas se fueron haciendo con ahorros, préstamos y tarjetas. "Nos hemos echado créditos hasta por debajo de las pestañas", resume. "Como no te dan hipoteca, tiras de la tarjeta. Hoy hago el porche, mañana otra cosa", afirma la representante, una filosofía que se ha desarrollado en esta localidad.
"Creíamos que podrían legalizar nuestras casas"
Los vecinos defienden que hicieron lo mismo que se había hecho durante décadas a su alrededor. "Somos una extensión de El Fraile, y El Fraile se hizo así", sostienen desde la asociación, que recuerda que la autoconstrucción fue la norma en núcleos como El Fraile o Las Rosas. "¿Por qué nosotros no íbamos a poder comprar un terrenito y hacer nuestras casas?".
Además, las propias administraciones les dieron motivos para confiar. "Nos ponían contadores de agua, nos daban de alta en la basura, nos empadronaban", relata la representante vecinal. "Creíamos que en un futuro podrían legalizar nuestras casas".
Según la asociación, una veintena de vecinos llegaron a tener contador de agua hace una década, pero a partir de 2016 no se instalaron más, incluso a aquellos que ya habían pagado las tasas. "Creemos que aquí hay una discriminación. El agua es un bien de primera necesidad". Hoy la luz llega a través de placas solares instaladas por los propios vecinos.
Pendientes del derribo
En diciembre de 2023, la Fiscalía pidió investigar al propietario de la finca original por un presunto delito contra la ordenación del territorio por la parcelación de los terrenos, que hoy pertenecen en porcentajes a los vecinos que los compraron.
El Ayuntamiento llegó a acumular 190 expedientes en Lomo Negro, y en abril de 2025 la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural suspendía los primeros derribos ante las protestas vecinales, un caso que se encuentra ahora en manos del juzgado.
Entre quienes han recibido orden de demolición hay casos como el de una vecina que vive sola y sigue pagando el crédito de la casa que podría perder. Mientras tanto, la asociación asegura contar con un estudio de viabilidad que concluye que el suelo podría pasar a ser urbanizable. "Lo que nos falta es la voluntad política", afirman.
Sin embargo, la Ley del Suelo de Canarias impide reclasificar durante al menos 20 años un terreno rústico que haya sufrido una parcelación irregular. Según la asociación, la alcaldesa, Fátima Lemes, les trasladó que el Ayuntamiento no puede hacer nada porque el caso está judicializado.
"Nuestros abogados nos dicen que eso no impide negociar", replica la representante vecinal. Por otro lado, el Ayuntamiento de Arona no ha querido facilitar a este medio información sobre la situación de Lomo Negro, alegando la ley de protección de datos.
Vivienda que no llega
El caso de Lomo Negro es la cara más visible de un problema más amplio. El informe sobre exclusión residencial extrema que el Ayuntamiento de Arona y Cáritas Diocesana de Tenerife presentaron el pasado mes de julio localizaba 22 asentamientos informales en el municipio, entre chabolas, cuevas, edificios inacabados y caravanas, y estima que en ellos podrían vivir entre 470 y 885 personas.
Frente a esa demanda, la respuesta pública avanza despacio. El Gobierno de Canarias aprobó en abril la redacción del proyecto de 59 viviendas protegidas en Marazul, con 16 millones de euros de fondos europeos, en un municipio con 700 personas inscritas a la espera de vivienda pública.
La mayoría de quienes viven en Lomo Negro trabaja en los hoteles y restaurantes del sur, el mismo sector que sostiene la economía del municipio. Según la asociación, en el barrio conviven canarios, peninsulares, italianos y vecinos de otros muchos países, y no es raro encontrar casas de tres dormitorios donde viven seis personas. "Aquí lo que hay es mucha gente trabajadora, muy buena gente", defiende la representante vecinal. "Es una pena".
Añadir AtlánticoHoy como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.