Cientos de personas salieron este domingo a las calles de Canarias para exigir una sanidad pública fuerte y libre de privatizaciones, en unas manifestaciones convocadas por colectivos sanitarios y sindicatos que denunciaron la falta de recursos y personal en los hospitales y centros de salud del archipiélago.
En Las Palmas de Gran Canaria, unas 250 personas se concentraron frente a la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias, convocadas por la Asociación Enfermería Canarias Unida por el Cambio (Ecupec). Bajo consignas como “La sanidad pública no se toca” o “Esther Monzón dimisión”, reclamaron una “enfermería digna” y el fin de la “brutal privatización” de los servicios sanitarios.
“El sistema está reventado”
El presidente de Ecupec, Alejandro Ortega, denunció que la externalización de servicios como ambulancias o lavanderías hospitalarias está generando “más gasto y peores condiciones laborales”, además de un deterioro del servicio y listas de espera interminables. “Hay una falta enorme de personal, y eso provoca saturación, bajas y agotamiento. El sistema está reventado y lo están dejando caer para privatizarlo”, afirmó.
Por su parte, la enfermera Yolanda Barquín criticó una “política de sanciones abusiva y represiva” hacia los profesionales sanitarios, a quienes —dijo— se penaliza incluso “por no tener cobertura en el móvil o rechazar contratos inviables”.
Reivindicaciones en Tenerife
En Santa Cruz de Tenerife, alrededor de un centenar de personas de organizaciones sindicales y colectivos ciudadanos también exigieron mayor financiación para la Atención Primaria —al menos un 25 % del presupuesto sanitario— y un pacto por la sanidad pública independiente del gobierno de turno.
La representante sindical Caty Darias, de Intersindical Canaria, advirtió que los hospitales públicos están “infrautilizados” y los profesionales “agotados”. “Lo público salva vidas. Hay que reforzar las plantillas y reducir las listas de espera”, subrayó.
El secretario de Comunicación del sindicato, Jorge Bethencourt, acusó a los distintos gobiernos regionales de mantener una “hoja de ruta privatizadora” y alertó de que “la situación es delicada, pero si sigue así será crítica”.