La Sección de Instrucción de la Plaza número 5 del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha citado en calidad de investigados al inspector Ángel Nichel Acosta Hernández, expresidente del tribunal calificador de las oposiciones al Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), y a José Manuel González Afonso, director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública del Gobierno de Canarias. La providencia aportada fija las declaraciones de ambos a las 10:00 horas de una jornada de octubre de 2026; el comunicado de los afectados concreta la fecha en el 22 de octubre.
La información ha sido remitida este viernes, 4 de septiembre de 2026, por el Colectivo de Aspirantes Afectados CGPC, que vincula las diligencias con la investigación abierta a raíz de las presuntas irregularidades denunciadas en el proceso selectivo. Según sostiene el colectivo en su comunicado, la causa se sigue por posibles delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental.
Declaraciones de investigados y testigos
La resolución judicial aportada por los denunciantes prevé, además de las comparecencias de los dos investigados, varias declaraciones testificales a las 10.30, 10.45, 11.00, 11.15 y 11.30 horas. El comunicado identifica entre los testigos previstos a aspirantes denunciantes, responsables técnicos y funcionarios de la Administración autonómica.
La providencia también recoge una diligencia para que se aporten a las actuaciones correos electrónicos remitidos a quienes posteriormente formaron parte del tribunal, así como las correspondientes declaraciones responsables. Respecto a los oficios solicitados por la acusación particular sobre cuentas bancarias, la magistrada deja la decisión pendiente de las declaraciones de los investigados, según consta en el documento judicial aportado.
El origen de las diligencias sobre las oposiciones
De acuerdo con la versión trasladada por el Colectivo de Aspirantes Afectados, las diligencias judiciales se abrieron después de que la Fiscalía Provincial de Las Palmas remitiera el expediente al órgano instructor tras una investigación previa. El comunicado afirma que la Fiscalía apreció indicios relacionados con prevaricación y falsedad documental, extremo que no aparece detallado en la página de la providencia judicial facilitada junto a la nota de prensa.
El conflicto tiene su origen, según los denunciantes, en la convocatoria de 2023 para acceder al Cuerpo General de la Policía Canaria, posteriormente ampliada hasta las 141 plazas. Los aspirantes cuestionaron la participación de Acosta en la presidencia del tribunal por su supuesta actividad previa como preparador en una academia privada. El colectivo asegura que durante las actuaciones ante la Fiscalía se aportaron audios de clases y justificantes de pagos efectuados mediante Bizum.
Otra denuncia penal sobre el inspector
El comunicado de los afectados hace referencia, además, a una denuncia penal distinta presentada por una agente del CGPC contra Ángel Nichel Acosta. Siempre según la versión recogida en la nota de prensa, esa denuncia atribuye al inspector presuntos hechos que podrían encajar en delitos de agresión sexual, acoso laboral, discriminación por razón de sexo y prevaricación. Esta cuestión es independiente del procedimiento relativo a las oposiciones y la documentación judicial aportada en esta ocasión no permite conocer su estado procesal.
Los aspirantes también critican que el Gobierno de Canarias y la Jefatura del cuerpo hayan mantenido al inspector en contenidos difundidos a través de canales institucionales. El colectivo considera incompatible esa exposición pública con la existencia de las investigaciones que describe en su comunicado y cita como ejemplo un vídeo publicado en redes sociales oficiales.
Nuevas quejas sobre la Academia Canaria de Seguridad
La nota remitida amplía sus denuncias a lo que está ocurriendo en la Academia Canaria de Seguridad Pública. Los afectados aseguran que se ha introducido un examen final que, según su interpretación, no estaba contemplado en las bases reguladoras de la convocatoria. Sostienen que esa prueba podría afectar al escalafón definitivo, la elección de destinos y la asignación de unidades.
El Colectivo de Aspirantes Afectados – CGPC, que afirma estar integrado por 32 aspirantes personados en la causa penal, reclama la anulación íntegra del proceso selectivo y exige que se respeten los principios de mérito, capacidad e igualdad. La organización considera que las citaciones judiciales refuerzan las irregularidades que viene denunciando, aunque la condición de investigado no implica por sí misma culpabilidad ni prejuzga el resultado de las diligencias
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