El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado su confianza en que el Gobierno de España “cumpla definitivamente con su obligación” de incorporar al sistema de protección internacional a los menores migrantes no acompañados en situación de asilo que han llegado al archipiélago.
Sus declaraciones se producen después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo haya requerido a la Administración General del Estado que, en un plazo improrrogable de 15 días, asuma la acogida de estos menores extranjeros.
“Es sorprendente que se haya tenido que esperar hasta tres autos desde que se inició este proceso en marzo pasado”, señaló Clavijo, quien ha pedido comparecer en el Parlamento de Canarias para informar sobre esta resolución judicial.
La razón a Canarias
El presidente regional recordó que el Tribunal Supremo vuelve a darle la razón al Ejecutivo canario, que denunció el ritmo insuficiente con el que el Estado actúa en la acogida de menores con derecho a asilo.
“El Estado siempre habla de cooperación y colaboración, pero no hay voluntad de poner solución a una situación que vulnera los derechos de los menores y desborda la capacidad de la Comunidad Autónoma”, criticó Clavijo.
Abandono
Para el presidente canario, el auto del Supremo pone de relieve “el abandono al que la Administración del Estado ha sometido a Canarias y a esos niños y niñas”.
“No sé cuántos autos más va a tener que dictar el Tribunal Supremo para que termine la vulneración de los derechos de estos menores”, subrayó. Clavijo advirtió además del hacinamiento en el que se encuentran muchos de ellos y reclamó que puedan acceder a los servicios de protección internacional que les corresponden.
Más de 500 menores pendientes
Según los últimos datos del Gobierno de Canarias, al inicio del proceso ante el Supremo había 1.129 menores solicitantes de asilo en el archipiélago. De ellos, 230 ya han alcanzado la mayoría de edad.
De los 899 restantes, el Estado ha asumido la protección internacional de 259 menores —199 ya trasladados fuera de las islas y 60 alojados en el recurso estatal Canarias 50, en Gran Canaria—.
Otros 111 menores han visto denegada su solicitud, lo que deja 529 pendientes de asumir por la Administración General del Estado. Entre ellos, 187 aún esperan resolución de sus expedientes y 342 estarían listos para integrarse en la red nacional de protección.