Recibir el ingreso mínimo vital (IMV) y acabar endeudado. Es una realidad que han vivido un sinfín de personas en toda España durante los últimos años. Los números son claros: la Seguridad Social ha reclamado alrededor de 500 millones en cobros indebidos, una situación que el Defensor del Pueblo ha mirado con lupa para que no perjudique a nadie vulnerable.
El problema, que también ha salpicado a Canarias, parte de fallos administrativos —según denuncian los afectados— y de revisiones de la declaración de la renta que detectaron aumentos puntuales de los ingresos familiares. Otro de los inconvenientes que se ha puesto sobre la mesa es el ritmo de la Administración a la hora de pedir las devoluciones.
¿Falta de información?
La supuesta falta de información previa es lo que parece que más ha perjudicado a las víctimas. El pasado mes de junio, la Plataforma IMV Afectad@s por los Cobros Indebidos envió una carta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para exigirle la máxima transparencia. En ella denuncia la incertidumbre en la que se han visto envueltos.
En el documento hablan claro: no son casos aislados y puede afectar a familias con menores, trabajadores con bajos ingresos, personas con discapacidad o pensionistas. Sectores que tienen en común la vulnerabilidad social y económica, por lo que ayudas como el IMV pueden ser un alivio a la hora de hacer la compra o pagar cualquier tipo de factura.
Uno de los casos
Un ejemplo de quien ha tenido quebraderos de cabeza con la Seguridad Social es Yuraima González. La mujer, residente en Tenerife y con dos menores a su cargo, cobró durante dos meses la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y en 2020 empezó a recibir el IMV. El primer año ingresaba 880 euros y en 2021 se lo redujeron a 300 euros porque tenía “un patrimonio”.
Ella asegura que no tiene nada a su nombre y, tras poner una reclamación, se lo incrementaron a 500 euros. Pero en ese proceso de revisión se produjo un imprevisto: le notificaron que debía unos 3.000 euros del año 2020 y alrededor de 5.000 de 2021. En ese momento no entendía nada porque de un día para otro se vio con una deuda que superaba los 9.000 euros.
Posible error administrativo
Después de indagar, le dan un posible motivo: que recibía un subsidio para mayores de 52 años. González cuenta que no es cierto porque en su casa nadie supera esa edad. La única explicación que encuentra está en que cobra una pensión de orfandad de sus hijos. Pero no comprende el problema porque, dice, con la renta canaria era compatible.
Tampoco parece que nadie le aclarara que con el IMV no lo es. En cualquier caso, se encuentra sorprendida porque la pensión de orfandad no es una ayuda externa. “Es de la Seguridad Social, ¿cómo no la vieron?”, se pregunta. Ahora se encuentra pagando una deuda por recibir un dinero todos los meses que nunca le negaron.
"Estoy harta"
“Desistí de seguir poniendo reclamaciones”, afirma en declaraciones concedidas a Atlántico Hoy. “Estoy harta de la situación, es imposible, nunca te van a dar la razón, es luchar contra corriente”, destaca. La deuda la paga recibiendo cada mes, con el IMV, menos dinero del que debería según su situación económica.
Otro caso llamativo es el de Estrella Bonilla, una mujer pensionista que vive en Tenerife y está luchando para no pagar una deuda de 5.344,1 euros por cobros indebidos que le notificó hace dos años. Su historia comienza en el 2021: por aquel entonces cobraba el IMV y en noviembre le salió un trabajo administrativo en el Ayuntamiento de Puerto de La Cruz.
Trabajo temporal
El puesto, enmarcado en el Programa Extraordinario de Empleo Social del municipio, lo debía cubrir entre noviembre de 2021 y el mismo mes de 2022. Por lo tanto, el salario no era muy elevado y ella seguía recibiendo el ingreso mínimo vital porque, dice, nadie la avisó de que podía ser incompatible.
Llega 2023, deja de trabajar y continúa percibiendo el IMV. Además, asegura que es imposible haber recibido un ingreso ese mismo año porque sufrió un accidente en el que se fracturó el tobillo e iba en silla de ruedas. Durante los 12 meses cobró 5.344,1 euros, justo lo que ahora le reclama la Seguridad Social.
Revisión administrativa
Lo curioso está en que la reclamación tiene su origen en los 13.858,54 euros que percibió en total en 2022 cuando trabajó en el Ayuntamiento de Puerto de La Cruz —junto a una pequeña pensión de Alemania—. Todo surge de una revisión por parte de la Seguridad Social.
Para ella fue una sorpresa y decidió ir a los tribunales pero el juez —dice— desestimó su petición porque el abogado de oficio no aportó pruebas concluyentes. Eso sí, matiza que su primer movimiento fue por la vía administrativa el 27 de marzo de 2024.
Nueva deuda
Pero la cosa no queda ahí: narra que en 2025 la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) le envió un recibo para saldar una deuda de 653,73 euros —que no le había sido notificada antes—. Creyendo que era una rebaja de la deuda inicial la pagó, pero nada más lejos de la realidad: aún debe pagarla y Bonilla no da crédito.
La mujer reclama que tampoco se les había notificado que había una renta garantizada de 6.784,44 euros, dinero que no podía superar —ni siquiera con un trabajo de reinserción laboral— si quería seguir percibiendo el ingreso mínimo vital.
"¿De qué vivo?"
“Esto me ha supuesto muchas lágrimas y mucho mal, me acabo de levantar de una silla de ruedas. ¿Cómo pago la deuda con mi pensión? ¿De qué vivo? ¿Del aire?”, se lamenta la mujer en declaraciones a este periódico. “Psicológicamente me costó”, exclama.
Ha llegado, incluso, a pedir asesoramiento al Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo. Quienes llegaron en 2023 hasta el Consejo Europeo con 45.000 firmas y con el objetivo de que los más vulnerables dejen de acumular deudas por recibir el ingreso mínimo vital.
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