El Colegio de Enfermería de Las Palmas defendió este lunes en el Parlamento de Canarias la implantación de un Servicio de Salud Escolar que incluya a profesionales de enfermería en los centros educativos del archipiélago, desde Infantil hasta Bachillerato. Su presidenta, Rita Mendoza, intervino ante la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes para pedir a las consejerías de Educación y Sanidad que asuman la creación de esta figura con el fin de “proporcionar mayor seguridad a la comunidad educativa, fomentar entornos sanos y promover hábitos de vida saludables desde la primera escolarización hasta la vida adulta”.

La propuesta no plantea que cada centro tenga una enfermera asignada de forma exclusiva, sino que se organice un servicio estructurado que permita cubrir los 770 centros públicos no universitarios a través de recursos compartidos. Según explicó Mendoza, el coste sería “anecdótico” para dos consejerías que suman más de 7.100 millones de euros de presupuesto, casi el 60% del gasto autonómico para 2025.

Un modelo consolidado en Europa

Durante su intervención, Mendoza recordó que la implantación de programas de salud escolar es una de las estrategias más eficaces y costo efectivas en los sistemas públicos avanzados. En países como Reino Unido, Finlandia o Suecia la figura de la enfermera escolar está plenamente integrada: existe una por cada 1.155, 600 y 451 alumnos respectivamente, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS recomienda que estos servicios estén dirigidos y gestionados por enfermeras, dada la evidencia de sus beneficios duraderos. Sin embargo, en España la implantación sigue siendo muy limitada, con experiencias puntuales en Madrid, Valencia y Andalucía.

Dos proyectos piloto ya activos en Canarias

En Canarias existen actualmente dos iniciativas en fase piloto.
La primera, impulsada por el Colegio de Enfermería de Las Palmas desde 2021 junto a los cabildos de Lanzarote y Gran Canaria, está centrada en la promoción de la salud en centros de Tías, Tinajo, San Bartolomé, Gáldar, Agüimes y Santa Brígida.
La segunda, desarrollada por el Servicio Canario de la Salud, ofrece atención directa al alumnado con necesidades especiales, administración de medicamentos y asistencia ante enfermedades o lesiones.

Mendoza defendió la coexistencia de ambos modelos —el asistencial y el preventivo—, aunque pidió priorizar el enfoque educativo: enseñar a los escolares a gestionar su salud física y mental para construir “una sociedad más sana” a medio y largo plazo.

Resultados positivos y una demanda creciente

Tras tres cursos aplicando el programa piloto, el Colegio de Enfermería ha evaluado el nivel de satisfacción de la comunidad educativa, obteniendo una valoración notable por parte de alumnado, profesorado y familias. Según expuso Mendoza, los resultados han generado un “efecto llamada”, con numerosos centros solicitando formalmente su implantación.

El colegio profesional advierte de que ya no debe tratarse como un proyecto experimental, sino avanzar hacia su institucionalización en todos los centros de Canarias.

Impacto en alumnado, familias y profesorado

El Servicio de Salud Escolar permitiría abordar cuestiones esenciales desde edades tempranas: alimentación saludable, actividad física, higiene, bienestar emocional, salud ambiental, prevención de adicciones, accidentes y primeros auxilios. Canarias lidera cifras preocupantes en obesidad infantil y trastornos de salud mental, por lo que estas intervenciones, según Mendoza, podrían corregir problemas de forma temprana.

El impacto también alcanzaría a las familias, dada la capacidad prescriptora de los escolares en sus hogares, y al profesorado, que recibiría formación básica en prevención y emergencias. La presencia de enfermeras aumentaría la seguridad en situaciones sanitarias imprevistas.

Llamamiento final al Gobierno de Canarias

Mendoza cerró su intervención apelando a que Canarias dé un “salto cualitativo y cuantitativo” en salud escolar con un enfoque preventivo alineado con los estándares europeos. Aseguró que la inversión necesaria es pequeña frente a los beneficios que generaría: una población escolar más saludable, un futuro adulto con menos necesidades asistenciales y un impacto positivo en el sistema público de salud.