ANPE Canarias ha advertido de un nuevo incremento de los casos de conflictividad escolar que afectan al profesorado, según los datos recogidos en la última memoria del servicio del Defensor del Profesor. Según recogen en un comunicado, durante el curso 2024-2025 este recurso atendió a 171 docentes, la cifra más alta desde su creación hace diecisiete años y el quinto aumento anual consecutivo.
Desde el sindicato señalan que el coordinador autonómico del servicio, Domingo Rodríguez, considera que aunque estos incidentes “no responden a una realidad generalizada”, sí confirman “una tendencia preocupante que se está asentando” en los centros educativos. “La conflictividad escolar crece año tras año, y estos incidentes son cada vez más complejos y tienen un impacto mayor en el profesorado”, señaló.
Secundaria
Según la memoria, la etapa de secundaria concentra el 55% de los casos, predominando las dificultades para impartir clase, las amenazas y las faltas de respeto. El informe apunta también a un aumento de las agresiones físicas de alumnado y del ciberacoso contra docentes. En primaria, los incidentes han crecido un 18%, especialmente los vinculados a las familias: denuncias sin fundamento, presiones para cambiar notas y agresiones protagonizadas por padres, madres u otros familiares.
El impacto emocional sobre el personal docente continúa siendo significativo. Más de la mitad de los profesores atendidos presentó síntomas de ansiedad, alrededor del 15% sufrió episodios de depresión y un 26% tuvo que coger la baja médica por problemas relacionados directamente con la conflictividad escolar. Para Rodríguez, estos datos evidencian “un problema de salud laboral que no puede obviarse”.
Factores
Entre los factores que contribuyen al deterioro del clima escolar, el Defensor del Profesor en Canarias destaca las ratios elevadas, la sobrecarga burocrática y la falta de especialistas y personal de apoyo, especialmente en orientación educativa, auxiliares y administración. También señala la “falta de reconocimiento social e institucional hacia el papel del docente” como un elemento que agrava el malestar profesional.
Ante esta situación, ANPE Canarias reclama a la Administración educativa una respuesta firme. El sindicato considera imprescindible reforzar las plantillas, reducir ratios, simplificar la burocracia y aumentar la dotación de orientadores, auxiliares y personal administrativo. Además, pide que los problemas de salud mental derivados de la conflictividad escolar sean reconocidos como enfermedades profesionales y que se agilice el acceso a apoyo psicológico y asistencia jurídica. “Sin mejores condiciones laborales, sin recursos suficientes y sin un apoyo institucional claro, no puede haber convivencia positiva ni una educación de calidad”, subraya Rodríguez.