Conrado Domínguez, exdirector del Servicio Canario de la Salud (SCS), se ha acogido a no declarar tras ser citado por la Fiscalía Europea en relación con el 'caso Mascarillas'. Está investigado como presunto autor de un delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias.
La sanidad pública canaria fue objeto de una presunta estafa por la compra de mascarillas no entregadas. Ahora, según recoge Efe en base a información de fuentes jurídicas a los periodistas a la salida de la comparecencia de Domínguez, "el exdirector del SCS no ha querido contestar a las preguntas y se ha acogido a su derecho para no hacerlo". Ademas subrayan que ni Domínguez ni sus abogados "han querido hacer ningún tipo de comentario al respecto".
Canarias 7 señalaba este domingo un informe de la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) de la Policía Nacional "que el contrato suscrito en 2020 de 4 millones de euros en favor de la empresa RR7 United por la entrega de un millón de mascarillas que nunca llegaron al SCS se incluyó la cantidad de 100.000 euros para repartir como comisión entre Domínguez y otros comisionistas". Junto a Domínguez también se investiga a la entonces directora de Recursos Económicos del SCS Ana María Pérez.
Los hechos
Como ya recogía este medio, a la empresa RR7 "sin experiencia anterior en la importación de material sanitario (se dedicaba al comercio de coches), se le adjudicó por el procedimiento de emergencia proveer a los hospitales públicos de Canarias un millón de mascarillas FFP3, por las que recibió un pago por adelantado de cuatro millones de euros".
En este sentido Sanidad "nunca recibió ese material porque RR7 trató de importar una partida de mascarillas de la marca 3M que resultaron ser falsas y fueron destruidas por Aduanas". Por ello, y a pesar del incidente, el SCS no resolvió su contrato "sino que Conrado Domínguez autorizó a que se le diera la oportunidad suministrar otra partida, que nunca llegó".
Estafa agravada
El administrador de RR7, Rayco González, está acusado de estafa agravada y Conrado Domínguez "fue imputado en cargos de prevaricación y tráfico de influencias". Además de Domínguez "el informe de la UDEF concluye que hubo otros cuatro comisionistas en el 'caso Mascarillas', los intermediarios Lucas Cruz, Ihsan Mahmoud Mohamed Al Sabbagh, Samuel Machín y Oswaldo Lastras".
En este sentido la Fiscalía Europea "asumió la investigación del caso al afectar la posible estafa de cuatro millones de euros que sufrió la sanidad canaria al inicio de la pandemia de la COVID-19 a fondos europeos", ya que el dinero que pagó por adelantado el SCS para adquirir el millón de mascarillas FFP3 que nunca recibió procedían del Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).