El Consejo General de Servicios Sociales de Canarias ha informado positivamente el anteproyecto de la futura Ley Canaria de Infancia y Adolescencia, una norma de 192 artículos que sustituirá por completo a la actual Ley 1/1997 y que reordena el sistema autonómico de protección al menor. Según el organismo, el nuevo marco reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y ciudadanía activa, con un refuerzo especial en prevención, participación y coordinación institucional.
El texto se ha elaborado de forma compartida entre administraciones, entidades sociales y colegios profesionales, e incluye los resultados de una consulta de UNICEF Canarias en la que participaron 1.201 menores de entre 3 y 17 años.
Acogimiento familiar antes que institucionalización
Entre las principales novedades, el anteproyecto incorpora la lógica de la ley estatal LOPIVI (Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia) para crear entornos seguros en los ámbitos educativo, sanitario, deportivo y social. La norma da prioridad al acogimiento familiar frente a la institucionalización, regula la creación de recursos residenciales de emergencia y contempla programas de apoyo a la vida independiente para jóvenes que hayan estado bajo tutela y alcancen la mayoría de edad.
El proyecto también integra de forma transversal la discapacidad, la accesibilidad universal y la parentalidad positiva.
Nuevos órganos de participación
En el plano administrativo, la futura ley elevará las exigencias de cooperación entre la Comunidad Autónoma, los cabildos y los ayuntamientos. Para ello, se prevé implementar un expediente administrativo digital y un sistema de información compartido en colaboración con el ISTAC (Instituto Canario de Estadística). La participación infantil, además, quedará institucionalizada a través de nuevos órganos de consulta, entre ellos el futuro Consejo Canario de la Infancia y la Adolescencia.
Según las disposiciones adicionales del texto, su aplicación será progresiva y estará condicionada por la disponibilidad presupuestaria de cada isla. El anteproyecto deberá continuar ahora su trámite habitual hasta ser aprobado en Consejo de Gobierno y remitido al Parlamento de Canarias, con el objetivo de que quede aprobado antes del final de la legislatura.
Reglamento de la Renta Canaria de Ciudadanía
En la misma sesión, el Consejo General de Servicios Sociales informó favorablemente el proyecto de reglamento que desarrolla el acceso a los programas de inclusión social e inserción laboral previstos en la Ley 5/2022 de la Renta Canaria de Ciudadanía. Según el organismo, la norma no crea nuevas prestaciones económicas, sino que desarrolla las herramientas necesarias para que los servicios sociales diseñen itinerarios individualizados de intervención.
Entre sus novedades figuran la regulación del diagnóstico social como instrumento técnico de valoración, el Plan de Atención Personalizado y el informe social acreditativo, que servirá de soporte para la concesión, revisión o extinción de la prestación. El reglamento incluye además supuestos excepcionales para agilizar el acceso a la prestación en casos de urgencia o emergencia social, y contempla medidas específicas dirigidas a personas con discapacidad, menores, mujeres víctimas de violencia de género y colectivos LGTBIQ+.
El Consejo conoció también los decretos de acreditación de centros de dependencia y el que regula la concesión y pago de la ayuda económica a víctimas de violencias sexuales, prevista en el artículo 41 de la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
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