Recientemente, en una cafetería de menús del día, situado en un barrio de la capital tinerfeña, clientes habituales y camareros no hablaban entre ellos de fútbol ni tan siquiera de la reciente calima, temáticas recurrentes en entornos populares.
En este medio digital AtlánticoHoy hemos difundido lo que estaba ocurriendo, lo más relevante, en las últimas semanas.
Insiste en que estamos viendo dos problemas graves: los jurídicos, que afectan a distintos Tribunales, y el de índole política, que afecta al desarrollo territorial. Algo serio, como Sánchez Pérez lo califica, que implica a la totalidad del mapa de un país.
- Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
- Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
De todas maneras, analizando este mecanismo en otros Estados de nuestro entorno, el del artículo 155 es normal en cualquier Estado federal, en cualquier Estado descentralizado. Y, por lo tanto, si miramos a la Constitución italiana o si miramos a la alemana, o incluso a la argentina, por poner de otro continente, se establece con claridad una serie de medidas, entre ellas, las de sustitución de órganos de Gobierno, disolución de Parlamentos, convocatorias de elecciones, dar órdenes directamente a autoridades.
Por lo tanto, por así decirlo, la ambigüedad o la imprecisión de nuestra Constitución implica que pueda usarse cualquier vía para conseguir esos fines. Además si analizamos lo que sucede en otras Constituciones similares parece que esas medidas sí están perfectamente recogidas para estos supuestos.
Implica, en algunos aspectos, la sustitución de la autonomía de la Comunidad Autónoma por las órdenes que vienen impuestas por el Estado Central. No es una suspensión genérica, en el sentido de que el Gobierno, cuando pida la autorización al Senado, tiene que especificar muy claramente cuáles son las medidas, y siempre y cuando esas medidas se apliquen de ese listado que apruebe el Senado; de ahí, el Gobierno no se va a poder salir. Es decir, si el Gobierno del Estado le pide al Estado: quiero intervenir los Mossos d’Squadra, quiero fiscalizar los pagos de la Hacienda catalana y quiero sustituir al Gobierno y Parlamento catalán, por ejemplo, porque son las medidas que al parecer se están barajando, pues tienen que ser exactamente esas. No puede decir a la semana que se le han ocurrido otras nuevas y van a usarlas. No, no. Ahí hay unas medidas que son las únicas autorizadas por el Senado, y son las únicas que puede utilizar, salvo que pida una nueva autorización al Senado. Y en ese sentido lo que supone es, para las concretas medidas solicitadas y autorizadas por el Senado, el que el Gobierno central imponga su criterio, y sus medidas, relegando a una serie de órganos o instituciones autonómicas.
En esta esperada ocasión para estrenar el citado artículo hemos tenido presente, en estos últimos días, en todo el país el caso de Canarias que estuvo a punto… ¿Qué opina?
Pues ni por la enjundia de la gravedad, ni porque al final quedó en nada, puede ser comparable. Aquí se estrena en Cataluña el artículo 155 y nadie podía pensar que llegaríamos a estos niveles, pero hemos llegado. Por lo tanto, desgraciadamente hay que aplicarlo y no creo que busquemos otro antecedente, porque no lo hay.
La aplicación del artículo 155 de la Constitución, que el Gobierno podría activar en 24 horas, ya planeó sobre Canarias en 1989, cundo el entonces presidente autonómico Lorenzo Olarte, del CDS, se negó a aceptar la supresión de aranceles que implicaba la adhesión a la Comunidad Económica Europea.
Y aunque el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, envió un requerimiento al Ejecutivo canario, gobernado por una alianza del CDS, AP y una agrupación insular herrereña, para que cumpliera sus obligaciones fiscales, el artículo que faculta al Gobierno para la suspensión de la autonomía no llegó a activarse.
Si bien el artículo 155 nunca se ha aplicado, hace dos años, en septiembre de 2015, también salió a debate en Cataluña cuando los partidos independentistas, tras obtener mayoría de escaños en el Parlament, adoptaron una resolución por la que se declaraba el lanzamiento de un proceso para la proclamación de un Estado catalán independiente en forma de república.
Otros protagonistas del Artículo 155, pero en 1989| ATLÁNTICOHOY
Proclamación que posteriormente fue anulada por el Tribunal Constitucional. Hace más de un cuarto de siglo, cuando el polémico artículo sí fue objeto casi de aplicación a cuenta del desarme arancelario canario, la negociaciones entre gobierno central y autonómico impidieron su puesta en marcha.
Todo comenzó a raíz de la decisión del Gobierno canario de no seguir aplicando el desarme de los arbitrios insulares, lo que provocó el incumplimiento del Tratado de Adhesión a la CE y un duro enfrentamiento con la administración central.
La Secretaría de Estado de Hacienda que entonces dirigía Josep Borrell advirtió al Gobierno de Canarias de que el Ministerio de Economía tendría que proponer la adopción de medidas, lo que podría pasar por la activación del 155.
En respuesta a esa advertencia, el Gobierno canario dirigió otro escrito al Ejecutivo central anunciando que se reservaba las acciones legales que le correspondieran ante las instancias nacionales e internacionales, en defensa de la garantía del bloque constitucional del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y el Estatuto de Autonomía.
Borrell confirmó a un grupo de periodistas que el Gobierno podía recurrir al Tribunal Constitucional y plantear al Senado la retirada de competencias a Canarias por este incumplimiento.
Hasta sus propios compañeros de filas en Canarias criticaron duramente a Borrell y el secretario general del Partido Socialista Canario-PSOE, Jerónimo Saavedra, calificó de "desdichadas" e "improcedentes" sus palabras.
Lo cierto es que el Consejo de Ministros se limitó a aprobar otro requerimiento al Gobierno canario instándole a cumplir la ley y, unos días después, Borrell viajó hasta las islas, donde se llegó a un acuerdo que desactivó todas las alarmas.
Pero esta situación no parece que se vaya a repetir hoy cuando el Consejo Ministros que se reúne en sesión extraordinaria, aplicará, con toda probabilidad, este artículo tras el consenso alcanzado con socialistas y Ciudadanos