La promotora del hotel La Tejita ha confirmado la recepción de una nueva orden de paralización de las obras por parte del Servicio Provincial de Costas que considera "nula de pleno derecho", por lo que sigue adelante con los trabajos.
En un comunicado, Grupo Viqueira informa de que ha solicitado al Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife la nulidad de dicha orden pues "carece de respaldo jurídico y las obras están amparadas por todos los títulos legales preceptivos y pueden ejecutarse sobre el deslinde de la zona marítimo terrestre".
Abunda en que la orden de Costas contraviene "un pronunciamiento judicial firme y definitivo, lo que constituye una vulneración del artículo 24 de la Constitución. "Se está tratando de crear artificialmente un procedimiento administrativo, durante el cual se pretenden paralizar ilegalmente las obras de construcción del hotel, cuyo resultado ya se encuentra decidido por las sentencias dictadas, pronunciamientos judiciales firmes y consentidos por las partes, que vinculan también a esta administración y deben ser cumplidos y respetados, según el artículo 118 de la Constitución", esgrime Grupo Viqueira.
La promotora ha solicitado al Servicio Provincial de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que tenga en cuenta las alegaciones presentadas y declare nulo de pleno derecho el requerimiento formulado, toda vez que las obras que se están ejecutando "cuentan con todos los títulos urbanísticos y sectoriales para ser ejecutadas".
"De manera inmediata"
Y advierte de que en caso de que el requerimiento de paralización no quede sin efecto "de manera inmediata", exigirá "las responsabilidades personales que correspondan ante las autoridades administrativas y judiciales competentes". La promotora del hotel La Tejita recuerda que es la segunda vez que el Servicio Provincial de Costas le requiere la paralización de las obras "careciendo de respaldo jurídico y de la competencia para ello".
También rememora que en 2021 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias le "dio la razón" ante una orden de paralización presentada por este mismo organismo declarando que "la adopción de tal medida cautelar requería de un acto expreso y además no sería competencia del Servicio Provincial sino de la Dirección General de Costas".
Los responsables de la promotora aseguran que el servicio provincial "reincide en su conducta ilegal de paralizar unas obras al margen del procedimiento, careciendo de las competencias para ello y aun cuando es sobradamente conocedor de que estas obras cuentan con todos los títulos urbanísticos y sectoriales preceptivos".