CSIF ha acusado al Gobierno de Canarias de utilizar la futura Ley de Atención a la Diversidad y Bienestar del Alumnado para "maquillar la privatización de servicios esenciales destinados al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE)". El sindicato denuncia que, mientras la Consejería de Educación "habla de inclusión y bienestar, el Ejecutivo autonómico ha comprometido cerca de 80 millones de euros para mantener externalizado el servicio de auxiliares educativos hasta 2029". 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios sostiene que los anuncios realizados por el consejero de Educación, Poli Suárez, sobre la futura normativa "esconden una realidad preocupante", que es la consolidación de un modelo "basado en la contratación de empresas privadas para prestar un servicio que debería gestionarse directamente desde la Administración pública". 

A través de un comunicado aseguran que "no se puede hablar de inclusión real mientras se sigue entregando dinero público a empresas privadas para que gestionen un servicio esencial que debería estar plenamente integrado en la Administración educativa".

Advertencia 

El sindicato recuerda que los auxiliares educativos son una "figura clave para garantizar la autonomía, la seguridad y la participación del alumnado con discapacidad y otras necesidades educativas especiales". Sin embargo, advierte de que el modelo actual arrastra "problemas recurrentes, entre ellos la falta de formación específica, la precariedad laboral, la alta rotación de personal, las dificultades para cubrir bajas y sustituciones y la ausencia de estabilidad en la atención".

Para CSIF, resulta incomprensible que "un Gobierno que afirma situar la atención a la diversidad como una prioridad mantenga la apuesta por empresas privadas en lugar de crear empleo público estable y profesionalizado". La organización considera que "cuando un servicio se externaliza, parte de los recursos públicos termina destinándose a estructuras empresariales y beneficios privados en lugar de mejorar íntegramente la atención educativa". 

Futura Ley 

El sindicato también considera grave que la futura Ley de Atención a la Diversidad "no contemple de forma decidida la incorporación de estos profesionales al sistema público educativo". En este sentido, advierte de que los avances legislativos "perderán credibilidad si no van acompañados de una apuesta firme por la gestión pública directa de los servicios de apoyo". 

Ante esta situación, CSIF exige al Gobierno de Canarias "el fin progresivo de la externalización de los auxiliares educativos, la creación de empleo público estable para cubrir necesidades estructurales en los centros, un plan de formación especializada y homologada para los profesionales de apoyo, la cobertura inmediata de sustituciones y una auditoría pública sobre la calidad del servicio prestado por las empresas adjudicatarias en los últimos años". 

La organización sindical reclama además la participación "real" de sindicatos, familias y profesionales en la elaboración definitiva de la Ley de Atención a la Diversidad y Bienestar del Alumnado. CSIF concluye que la inclusión educativa "no puede ser un negocio" y defiende que los "derechos del alumnado NEAE no deben depender de contratos privados".