Una familia con cinco hijos, cuatro de ellos menores, vivió este miércoles un nuevo episodio de la crisis de vivienda en Las Palmas de Gran Canaria al enfrentarse a un desahucio pese a contar ya con una alternativa habitacional ofrecida por el Gobierno de Canarias.
La familia había solicitado al juzgado un breve aplazamiento, de alrededor de un mes, para poder organizar su traslado a la vivienda pública que les ha sido adjudicada y a la que no pueden acceder hasta principios de abril. Sin embargo, el desalojo siguió adelante después de que los representantes legales del propietario rechazaran cualquier tipo de acuerdo.
A la espera de una alternativa actual
La aosicación Derecho al Techo, que ha acompañado a los afectado en el proceso, aha informado que la familia pudo sacar una parte importante de sus pertenencias de la vivienda. Además, se ha alcanzado el compromiso de permitirles volver a entrar más adelante, con acompañamiento y entrega de llaves, para que puedan recoger el resto de sus cosas.
La idea es que este proceso se realice en aproximadamente un mes, un plazo en el que se espera que pueda concretarse la alternativa habitacional ofrecida por Visocan en el municipio de Ingenio, que aún está pendiente de contar con suministro de agua y conexión eléctrica. Mientras tanto, también se espera conocer qué apoyo pueden ofrecer los servicios sociales del Ayuntamiento.
Sin posibilidad de parar el desalojo
Desde las 9:30 horas, María - nombre ficticio de la afectada, que quiere mantener el anonnimato - ha estado en contacto con los juzgados para que acepten el aplazamiento del desahucio fechado para este miércoles. No obstante, las negativas se alargaron durante la mañana hasta que en torno a las 11.30 horas, los representantes del propietario acudieron al inmueble para ejecutar el desalojo.
Según Derecho al Techo, no se aceptó ninguna de las propuestas planteadas para retrasar el desahucio, ni siquiera una prórroga de una semana.
En situación de vulnerabilidad
La familia, que llevaba cinco años viviendo de alquiler en la vivienda, asegura que su situación económica cambió radicalmente durante la pandemia. Ambos progenitores trabajaban en el sector de la hostelería y perdieron sus empleos en plena crisis sanitaria, lo que desencadenó las primeras dificultades para afrontar el pago del alquiler.
Desde Dercho al Techo indican que se trata de un hogar en situación de vulnerabilidad y que desde hace tiempo han intentado solicitar acceso a una vivienda pública en la capital grancanaria porque sus hijos estudian en la zona y no disponen de coche.
El fin de las medidas de protección
Casos como este, según expone la asociación, se están repitiendo con más frecuencia tras el fin de algunas medidas de protección social aprobadas durante la pandemia, conocidas como el “escudo social”.
Estas medidas permitían en determinados casos suspender o aplazar desahucios cuando existía una situación acreditada de vulnerabilidad, algo que ahora resulta más complicado.
Una vivienda pública en Ingenio
En un primer momento, la empresa pública Visocan ofreció a la familia una vivienda en Ingenio, aunque la propuesta fue rechazada inicialmente porque esperaban poder acceder a alguna de las promociones de vivienda pública que se están construyendo en Las Palmas de Gran Canaria.
Sin embargo, los retrasos en estos proyectos llevaron a la familia a aceptar el traslado a Ingenio, una alternativa que ya ha sido aceptada y a la que podrán acceder a principios de abril. De ahí la necesidad del aplazamiento: “Lo único que pedimos es unos días para poder organizar todo”, desde completar los trámites hasta preparar la mudanza, señala la madre afectada.
Problemas para alquilar
Según relata María, durante estos años intentó negociar con el propietario del inmueble, que reside fuera de España, e incluso buscó otras opciones en el mercado privado, aunque sin éxito.
Han encontrado una gran ristra de dificultades a la hora de intentar alquilar una vivienda. "He estado buscando alquileres, pero es imposible. Están pidiendo tres mensualidades de entrada y avalistas. Con los ingresos que tenemos no lo aceptan", asegura.
La familia recibe una prestación de la Seguridad Social que supera los 1.200 euros al mes, pero reitera que muchos propietarios no consideran este tipo de ingresos como garantía suficiente.
Una realidad que afecta a la población
Para María, su situación refleja un problema cada vez más extendido. “Esto no solo le pasa a familias vulnerables, también a trabajadores que cobran el salario mínimo”, afirma.
“Ahora mismo los alquileres rondan los 1.200 euros y para muchas personas es completamente imposible asumir esos precios”, concluye.
Para Derecho al Techo, "situaciones como esta evidencian la urgencia de reforzar las políticas públicas de vivienda y de garantizar mecanismos efectivos que impidan que familias con menores queden desprotegidas ante la pérdida de su hogar".