La Fiscalía de Canarias ha detectado en 2024 un “ligero aumento” de los delitos contra la libertad sexual a menores de 16 años en las islas, principalmente por la falta de conocimiento de que los menores de 16 años, aunque quieran, no tienen capacidad para consentir una relación sexual.
Lo que ha detectado el área de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía de Las Palmas es que, ha habido un aumento de casos contra la libertad sexual de menores de 16 años por mantener relaciones de afectividad con personas mayores de edad, que aunque hayan sido “contactos sexuales aceptados por ellas, sin violencia ni intimidación” son constitutivas de delito ya que el consentimiento para mantener relaciones sexuales de una persona menor de 16 años no es válido legalmente.
Falta de conocimiento general
En concreto, lo que establece el artículo 181 del Código Penal es que “el que realizare actos de carácter sexual con un menor de 16 años, será castigado con la pena de prisión de dos a seis años”. Esto es así desde la modificación del código penal en 2022, que elevó la edad de 13 a 16 años y no ampara que por debajo de esta franja de edad se pueda consentir a mantener relaciones sexuales.
En este sentido, lo que ha detectado la Fiscalía es que hay “una falta de conocimiento generalizada de alcance social” sobre este límite etario, lo que ha derivado en la detección de un aumento de los delitos contra la libertad sexual de los menores. Este desconocimiento es “bien porque en las propias familias se ignora o no se ha prestado el suficiente cuidado y trascendencia a esta cuestión o bien porque no existe la información suficiente en el ámbito educativo, centros escolares, medios de comunicación o campañas institucionales sobre el particular”, valora la memoria.
Entornos vulnerables
En los casos detectados en 2024, explican que son supuestos en los que la denunciante no es la menor de 16 años “sino un familiar, un profesor, cuidador o alguien de su entorno que activa la alarma” y que deriva en la activación de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer, quien tras entrevistarse con las personas afectadas remite el atestado a los juzgados.
El informe también resalta que muchas de las menores víctimas de estos delitos provienen de entornos vulnerables, como centros tutelados o familias desestructuradas. “Nos encontramos en la mayoría de estos supuestos con chicas que viven en entornos vulnerables, en centros tutelados o en familias no bien estructuradas, con progenitores ausentes, apegos inseguros”, apuntan.
Sin embargo, también se ha dado el caso de menores que viven en familias aparentemente estables, donde es uno de los progenitores quien descubre la relación, generalmente gracias a detalles proporcionados por un tercero o a las huellas digitales dejadas en las redes sociales.