La consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Manuela de Armas, ha informado este miércoles de que ya cuenta con una propuesta para revisar la deuda debido a la subida del IPC en el transporte escolar, pendiente de validar por los servicios jurídicos para presentársela a la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias (FET).
Manuela de Armas, que ha comparecido en el pleno del Parlamento para habar sobre el estado de tramitación de la actualización de los contratos de servicios del transporte escolar a instancias de NC, ha comentado que están en negociación con la FET, que cree que "va a llegar a buen puerto".
Discrepancias entre transportistas y Gobierno de Canarias
La consejera ha detallado que discrepan en algunos aspectos, pues los transportistas empiezan a contar la subida del IPC desde un año y el Gobierno desde otro, al tiempo que ha insistido en que este aspecto tiene que estar fundamentado en las clausulas de los contratos.
"El dinero público es sagrado", ha afirmado Manuela de Armas, quien ha defendido que todas las rutas de transporte escolar tienen que estar fundamentadas en el Observatorio de Precios, un referente a nivel nacional "totalmente objetivo" que se ha adaptado a Canarias para financiar este servicio.
Antes se hacía "a boleo"
A su juicio, es "más serio que hacerlo así que a boleo", como ha dicho que se hacía en el pasado, cambio que a "ciertos transportistas" es posible que no les haya gustado. Según la consejera, el conflicto con los transportistas, aunque ha admitido que nunca ha entendido, se ha debido a la necesidad de modificar rutas que se pagaban sin criterio alguno y otras que habían quedado obsoletas.
Asimismo, la consejera ha informado de que ayer le llegó un escrito con las reivindicaciones de los transportistas en el que solicitan, entre otras cosas, la revisión del IPC, algo a lo que está dispuesto el Gobierno en las rutas donde las cláusulas lo indiquen, ha agregado.
Evitar que aumente la deuda con las empresas
La Consejería, que destina un total de 45 millones al transporte escolar, también quiere actualizar el precio de los acompañantes para que cobren el salario mínimo interprofesional.
El secretario general de la FET, José Ángel Hernández, ha explicado que, en síntesis, las reivindicaciones empresariales que han hecho llegar a la Consejería se centran en la aplicación al precio de las rutas escolares las cláusulas de IPC contenidas en los distintos contratos, con la finalidad de que la deuda de la administración con las empresas no siga aumentando.
Piden una actualización "inmediata"
José Ángel Hernández, que ha asistido al pleno del Parlamento, ha indicado que esta actualización debería afrontarse inmediatamente para regularizar el desfase existente entre la cantidad cobrada y los costes empresariales. Asimismo, la FET exige el abono de las cantidades dejadas de percibir en cada uno de los años desde la última actualización de IPC, que dependiendo de los contratos varían entre 2012 y 2014.
Los empresarios, que esperan por una próxima reunión con Educación aún sin fecha, también solicitan la inclusión de la cuantía actualizada del Salario Mínimo Interprofesional en el cálculo de los precios de las rutas escolares, concretamente los efectos sobre la figura de acompañante. Según José Ángel Hernández, la deuda debido al incremento del IPC ronda entre los 7 y 12 millones de euros, cálculos que son variables debido a que hay algunos contratos que no están actualizados desde 2012 y otros desde 2014.
Reacciones parlamentarias
La diputada de Nueva Canarias Esther González ha pedido a la consejera que solvente las deudas con los transportistas, que se encargan de 1.500 rutas diarias, pues algunas de ellas son históricas. Ha calificado de convulsa la relación entre transportistas y el Gobierno en algunos momentos debido a que no ha querido prorrogar los contratos y no haya agilizado los pagos de los servicios corrientes.
La diputada de CC Beatriz Calzada ha cifrado en 13 millones la deuda y ha urgido al Gobierno, que "tiene superávit", a pagarla para que los transportistas puedan presentarse en condiciones a los concursos que tendrán lugar entre los años 2023 y 2024. La diputada del PP Luz Reverón ha exigido al Ejecutivo que ponga una partida en los presupuestos para abonar lo que se les debe a los transportistas, al tiempo que ha opinado que es "impresentable" que lleven 11 años buscando soluciones.
El diputado de Sí Podemos Canarias Manuel Marrero ha manifestado que el transporte es una continuidad del servicio publico de educación del que se benefician 37.500 escolares, por lo que espera que Gobierno y transportistas lleguen a un acuerdo. La diputada de la Agrupación Socialista Gomera Melodie Mendoza ha recordado que este sector está afectado de forma directa por el incremento del precio del combustible y ha recalcado que es un servicio clave para la conciliación laboral y familiar.
El diputado del PSOE Jorge González ha garantizado que la consejera va a dar una solución a los transportistas y también ha advertido de que si se siguen bajando los impuestos no se podrán pagar servicios públicos como éste. La diputada Vidina Espino, que fue elegida en las listas de Ciudadanos y ahora colabora con Coalición Canaria, ha señalado que las empresas transporte escolar viven momentos especialmente críticos por la subida del combustible y quieren una respuesta más rápida y medidas más eficaces por parte del Gobierno de Canarias.