Las familias de alumnado con necesidades educativas y varias organizaciones de Canarias han encendido las alarmas ante cuatro enmiendas introducidas por el PP en el Senado durante la tramitación de la reforma de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Dependencia.
A su juicio, los cambios pueden suponer “un grave retroceso” en el derecho a una educación inclusiva y facilitar que se mantengan modelos de escolarización separados para el alumnado con discapacidad.
Efectos en la educación
La Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, junto a Somos Uno Más, Sentirte, NEAEs Tenerife, Amararte, ACAEDIN, la Comisión de NEAE de Fuerteventura, FAPA Galdós y UDECA, ha pedido al Congreso que rechace las enmiendas 112, 113, 114 y 143.
Las asociaciones advierten de que afectan al modelo de escolarización, las evaluaciones psicopedagógicas, el papel de los servicios de orientación y, especialmente, los recursos que deben recibir los colegios e institutos ordinarios.
Temor a la separación del alumnado
Uno de los posibles cambios que más preocupa a las familias es la enmienda 112. Según explican, esta reforma colocaría en el mismo plano a los centros ordinarios, los centros de educación especial, la escolarización combinada y las aulas específicas.
Esto podría conducir a que se mantenga como algo habitual separar al alumnado con discapacidad, en lugar de priorizar que los colegios ordinarios cuenten con los apoyos necesarios para poder atenderlo.
Valoraciones psicopedagógicas
También cuestionan la enmienda 113, que introduce una valoración psicopedagógica para decidir determinados itinerarios educativos y permite que algunos accesos dependan de informes de los servicios de orientación.
Las asociaciones temen que, en la práctica, estos informes puedan acabar limitando las opciones educativas del alumnado con discapacidad, al condicionar decisiones que para el resto de estudiantes no requieren este tipo de valoración previa.
Menos obligaciones para eliminar barreras
La enmienda 114 genera otra de las críticas. Las asociaciones señalan que suprime obligaciones atribuidas a los servicios de orientación, entre ellas analizar las posibilidades de inclusión en centros ordinarios, detectar las barreras existentes y proponer medidas para eliminarlas.
A pesar de ello, la enmienda que más preocupa a las entidades es la 143. Esta plantea derogar la disposición adicional cuarta de la LOMLOE, que establece un plazo de diez años para que las administraciones educativas doten progresivamente a los centros ordinarios de los recursos necesarios para atender adecuadamente al alumnado con discapacidad. “No se puede hablar de inclusión mientras se elimina precisamente la obligación de proporcionar los recursos que hacen posible esa inclusión”, sostienen.
La futura Ley de Diversidad de Canarias
Para las familias este debate a nivel nacional tiene una importancia particular en las Islas, donde llevan años denunciando que la falta de personal, apoyos y medios en los centros ordinarios se utiliza como justificación de la derivación de menores haacia aulas enclave o centros de educación especial. Por eso defienden que “la falta de recursos de la Administración nunca puede convertirse en una supuesta necesidad educativa del niño o de la niña".
A esto se suma que Canarias está inmersa en la tramitación de una nueva Ley de Atención a la Diversidad y Bienestar del Alumnado. Las asociaciones aseguran que estarán pendientes de su desarrollo para evitar que cualquier modificación de la legislación estatal termine trasladándose a las Islas y consolide, según advierten, un modelo basado en separar al alumnado con discapacidad en lugar de reforzar su inclusión en las aulas ordinarias.
Para las organizaciones, la norma canaria debería servir justo para eliminar barreras, garantizar apoyos y proteger al alumnado frente a situaciones de discriminación o exclusión.
“No sobran niños. Faltan recursos”
Su petición inmediata se dirige al Congreso de los Diputados. Reclaman que las cuatro enmiendas sean votadas por separado y rechazadas, además de mantener íntegra la disposición adicional cuarta de la LOMLOE.
Además, las entidades exigen que el compromiso con la educación inclusiva vaya acompañado de financiación, planificación y rendición de cuentas, para que el acceso a los apoyos no dependa del centro en el que estudie cada menor ni de los recursos disponibles en cada momento. Recuerdan que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho a un sistema educativo inclusivo.
Las familias reiteran que “no sobran niños. Faltan recursos y falta voluntad para transformar el sistema”. Para las organizaciones firmantes de la petición al Congreso, la inclusión no consiste en escoger dónde escolarizar de forma separada a un menor con discapacidad, sino en transformar la escuela para que pueda recibir los apoyos que necesita sin quedar excluido del sistema ordinario.
Añadir AtlánticoHoy como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.