El modelo de Formación Profesional online podría cambiar de forma importante en España. El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes plantea este lunes a las comunidades autónomas establecer un mínimo obligatorio de presencialidad en los ciclos impartidos a distancia, especialmente en aquellas enseñanzas en las que adquirir las competencias requiere realizar prácticas.
La propuesta afecta especialmente a ámbitos como sanidad o deporte, donde determinadas habilidades difícilmente pueden adquirirse exclusivamente detrás de una pantalla.
La medida forma parte de un proyecto de real decreto con el que el Gobierno pretende elevar los requisitos de calidad de los centros privados que imparten Formación Profesional. El Ejecutivo autorizó el pasado 22 de septiembre la tramitación administrativa urgente del proyecto de Real Decreto de garantía de calidad de los centros privados del Sistema de FP.
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, aborda este lunes el proyecto con las comunidades autónomas durante la Conferencia Sectorial de Formación Profesional para Personas Trabajadoras.
Límite a la FP online
Uno de los aspectos más relevantes del borrador afecta directamente a la modalidad virtual.
Según el documento al que ha tenido acceso EFE, el Ministerio había planteado inicialmente que una enseñanza considerada online pudiera tener entre un 61% y un 80% de formación virtual, lo que obligaría a reservar una parte de la enseñanza para actividades presenciales.
Para la modalidad semipresencial se baraja una horquilla de entre el 40% y el 60% de virtualidad.
Las cifras forman parte todavía del borrador y pueden modificarse durante la tramitación de la norma.
La legislación actual ya establece determinadas obligaciones presenciales para la FP a distancia. El Real Decreto 659/2023 dispone, entre otros requisitos, que los centros que ofrecen formación virtual deben poder garantizar la presencialidad cuando sea necesaria y que las pruebas finales de los módulos se realicen presencialmente en centros autorizados.
La nueva regulación iría un paso más allá al establecer una presencia mínima durante el propio proceso formativo y no limitarla únicamente a determinados momentos de evaluación.
Más requisitos a las privadas
El decreto también busca endurecer las condiciones necesarias para crear nuevos centros privados de Formación Profesional.
Según el borrador, deberán ofrecer al menos dos familias profesionales y garantizar itinerarios formativos completos, evitando centros construidos únicamente alrededor de uno o varios ciclos concretos.
También tendrán que disponer de acuerdos formalizados por escrito con empresas para garantizar la formación del alumnado y presentar documentación que permita acreditar la sostenibilidad económica del proyecto.
La actual Ley Orgánica de ordenación e integración de la FP ya establece que la impartición en modalidad virtual necesita autorización administrativa y que los centros deben contar previamente con autorización para impartir esas mismas enseñanzas presencialmente, salvo determinadas excepciones.
Menos alumnos por profesor
Otra de las modificaciones que estudia el Gobierno pasa por reducir el número de estudiantes asignados a cada docente, una medida que pretende reforzar el seguimiento individual del alumnado en una modalidad que ha experimentado un fuerte crecimiento durante los últimos años.
De forma paralela se está preparando otro real decreto que plantea fijar un máximo de 25 alumnos por profesor en los grados Medio y Superior y de 15 en la FP Básica.
En este último caso, el nuevo límite no comenzaría a implantarse hasta el curso 2029-2030.
Nuevos centros asociados
El proyecto contempla además la creación de una Red Estatal de Centros Asociados, integrada por centros privados especializados, así como el desarrollo de una red de Centros de Excelencia de Formación Profesional, de carácter público.
Estos espacios tendrán entre sus objetivos facilitar la actualización profesional de trabajadores que necesitan adquirir nuevas competencias.
Los centros deberán superar una convocatoria pública competitiva en la que se evaluará su calidad para acceder a financiación directa.
107 millones para las comunidades
La Conferencia Sectorial de este lunes también abordará el reparto entre las comunidades autónomas de 107,39 millones de euros para formación de trabajadores, una partida que el Consejo de Ministros autorizó el pasado 15 de septiembre.
Estos fondos estarán destinados a ampliar la formación ofrecida por centros públicos y facilitar que trabajadores puedan obtener nuevas acreditaciones y certificaciones profesionales.
La regulación de la FP virtual todavía deberá continuar ahora su tramitación antes de que las nuevas condiciones entren en vigor.
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