La suspensión cautelar del concurso de estabilización por méritos, solicitada por el STEC a raíz de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre los empleados públicos que encadenan tres años de contratos temporales, no se llevará a cabo, al menos “de momento”, al ser descartada por la Consejería de Educación.
Así lo ha afirmado en declaraciones a Radio Club Tenerife recogidas por EFE la directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, quien ha apelado a la "prudencia" y a esperar a que el Ministerio de Educación "arroje luz" sobre la aplicación a la normativa estatal de dicha sentencia.
Afecta a todas las administraciones
Ramírez ha informado de que el Gobierno de Canarias ha solicitado una reunión con el Ministerio de Educación para que le dé pistas sobre las consecuencias prácticas de este fallo, dado que, además del concurso de méritos en las islas, hay previstas unas oposiciones que afectan a 25.000 personas.
Ha subrayado que la sentencia del TJUE no afecta solo al personal educativo, ya sea docente o no docente, sino a todas las administraciones donde haya personal laboral interino o indefinido, motivo por el que van "de la mano" ella y los directores generales de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud y de Función Pública.
Seguir con los procesos
La directora general ha hecho hincapié en que la sentencia "no es pacífica", es decir, que no hay una interpretación unánime sobre su alcance. Por ello, "todos estamos esperando esa luz" por parte del Gobierno de España.
Hasta entonces, ha proseguido, "debemos seguir por responsabilidad y por prudencia" con los procesos de estabilización fijados en la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, es decir, con el concurso de méritos y las oposiciones.
"Y si en algún momento se determina que hay que suspenderlos o paralizarlos, obviamente lo haremos", ha añadido la directora general de Personal y Formación del Profesorado, que ha garantizado que en Canarias "nos vamos a ceñir a lo que determine el Gobierno de España".
Movimientos del Gobierno canario
Ha negado una actitud "pasiva" ante la sentencia del TJUE por parte del ejecutivo autonómico, que "claro que está preocupado" por la situación de los docentes interinos, de los cuales hay prestando servicios 5.112 que fueron nombrados antes de la entrada en vigor de la citada ley 20/2021 y con más de cinco años de antigüedad, que son los que "podrían estar en esa situación que en estos momentos la sentencia parece que quiera amparar, regular", ha apuntado la directora general.
Ha indicado que, además de hablar sobre los efectos de la sentencia del TJUE, Canarias ha pedido reunirse con el Ministerio de Educación para abordar la aplicación del artículo 10 del estatuto del empleado público, que establece el cese del personal interino a los tres años de su nombramiento.