Fuentes del Ejecutivo han recordado a Efe que la designación del máximo responsable de la Fiscalía tras el fallecimiento de José Manuel Maza es competencia y responsabilidad del Gobierno, si bien han admitido que "siempre" es positivo que la persona elegida cuente con el respaldo de los principales partidos de la oposición.
En especial, existen "todas las garantías" de que el fallecimiento de Maza no afectará a la posición de la Fiscalía sobre el proceso independentista de Cataluña.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha admitido hoy que la actual es una situación que "no es deseable", pero ha dejado claro que la Fiscalía "como institución, con todos los profesionales a su servicio y con sus reglas de funcionamiento, atenderá todas las actuaciones que tengan que llevarse a cabo durante los próximos días".
Comisión Justicia Congreso
La ley determina que el fiscal general del Estado es nombrado y cesado por el Rey a propuesta del Ejecutivo tras acuerdo en Consejo de Ministros, pero deber contar con el aval del Consejo General del Poder Judicial y ser oído después en la Comisión de Justicia del Congreso.
Todo ello después de que el Ejecutivo elija a la persona que considere más adecuada para el cargo entre los juristas españoles de reconocido prestigio y con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.
En el caso de Maza, el Gobierno apostó por un magistrado del Tribunal Supremo bien valorado en la carrera y cuya gestión, sin embargo, recibió muchas críticas por los cambios que introdujo en las principales fiscalías, hasta el punto que por primera vez un fiscal general fue reprobado en el Congreso.