Desde crear una especialización en turismo hasta la manida transparencia y la apertura a la sociedad civil, sin olvidar la falta de recursos, el pacto por la justicia que nunca llega o la aplicación de la Inteligencia Artificial. Los tres candidatos a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) han expuesto sus proyectos ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ahora deberá decidir quién representa a los jueces isleños los próximos cinco años.
Aquí va un resumen de las intervenciones con las propuestas de cada candidato:
Juan Avello Formoso
El actual decano de Las Palmas de Gran Canaria recalca la necesidad de transformar la administración de justicia en las islas para hacer frente a los desafíos estructurales que padece la región, centrándose en la unificación de criterios, la digitalización y el refuerzo de la atención al ciudadano.
En ese contexto, considera prioritario un "pacto por la justicia" que sirva para atajar la alta litigiosidad en Canarias. Las islas ostentan el índice de pleitos más alto de España, un fenómeno complejo vinculado a factores como la calidad legislativa y la "población flotante", es decir, el turismo.
Para mitigar ese impacto, Avello propone medidas como unificar criterios mediante la extensión práctica de las juntas sectoriales a todos los niveles, lo que generaría mayor seguridad jurídica y reduciría el número de pleitos, así como controlar la litigación en masa, es decir, simplificar las normas de reparto y atribución por antecedentes para evitar la saturación de los juzgados con demandas idénticas.
El decano también apuesta por la Inteligencia Artificial Judicial. Solicita que Canarias sea designada como "territorio piloto" para la implementación de herramientas de IA, siempre vinculadas a una mejora constante del sistema de gestión procesal.
El candidato no olvida que la justicia se hace "con y para personas". Por eso plantea una presidencia que esté en ambas provincias por igual, con reuniones quincenales con los decanos de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.
Y pone especial énfasis en la perspectiva de género, calificándola no como una opción, sino como un "mandato legal" que debe permear todas las jurisdicciones mediante la formación continua en sesgos inconscientes.
Dada la singularidad económica del archipiélago, Avello aboga por la creación de cursos específicos en Derecho del Turismo, asimilándolos a la importancia que tiene el derecho agrario o alimentario en otras comunidades autónomas.
Jaime Borrás Moya
Este magistrado, con tres décadas de experiencia en la Sala de lo Contencioso-Administrativo el TSJC, defiende ante el CGPJ un modelo de gestión basado en el control de datos, el apoyo directo a los juzgados y el acercamiento de la justicia a la ciudadanía.
En una intervención marcada por la franqueza y el análisis técnico, Borrás se decanta por transformar la presidencia en una dirección real y operativa, superando así el viejo modelo meramente representativo.
También considera necesario monitorizar constantemente la actividad judicial. Por eso propone un sistema de "control, decisión y seguimiento" fundamentado en estadísticas objetivas (tiempos de respuesta, pendencias y ejecuciones) para detectar desviaciones en órganos específicos y actuar de inmediato.
"No se puede trabajar con percepciones, sino con datos concretos", afirma el candidato, para quien la presidencia debe implicarse activamente cuando un juzgado sufre retrasos injustificados, ofreciendo soluciones y apoyo directo a los compañeros.
El magistrado recuerda que la falta de medios afecta de forma desigual a las islas, y denuncia situaciones "bochornosas", como los fallos en herramientas tecnológicas que han obligado a suspender juicios, comprometiéndose a mantener una interlocución constante y firme con el Gobierno de Canarias para exigir los recursos necesarios.
Ante la elevada tasa de litigiosidad en el archipiélago, Borrás quiere potenciar los mecanismos de mediación y conciliación previstos en la Ley 1/2025, trabajando estrechamente con colegios de abogados y procuradores.
Además, defiende una transparencia total no solo como mandato legal, sino como herramienta para recuperar la confianza del ciudadano. "La transparencia genera confianza y nos obliga a mejorar. Si los datos son públicos, todos tenemos un incentivo mayor para ser excelentes", explica.
Para acercar la judicatura a la sociedad civil, propone una alianza con las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna, con la finalidad de que los jueces impartan conferencias y realicen jornadas de puertas abiertas. El objetivo es eliminar el "miedo o recelo" que muchos ciudadanos sienten al acudir a un juzgado.
Juan Luis Lorenzo Bragado
El actual presidente del TSJC reivindica su gestión y pide confianza para consolidar la transformación, destacando el cumplimiento total de sus compromisos previos y la respuesta "ejemplar" de la judicatura ante crisis como la del volcán de La Palma.
Bajo la premisa de que "la continuidad es la mejor opción" para la gobernanza judicial de las islas, Lorenzo Bragado asegura que ha cumplido el 100% de sus 73 compromisos adquiridos en 2021.
Entre los logros de su primer quinquenio destaca la creación de un portal de transparencia actualizado y la defensa activa del acceso a la información frente a reticencias internas, un criterio que fue confirmado por el Tribunal Supremo.
También ha impulsado la implantación del expediente judicial electrónico y el uso de la e-carpeta, lo que facilita el trabajo en un archipiélago geográficamente fragmentado. Por primera vez en la historia, además, la Sala de Gobierno ha celebrado reuniones en todas las islas para reforzar la cercanía con cada partido judicial.
El presidente del TSJC subraya la capacidad de respuesta del sistema judicial canario ante situaciones críticas, como la crisis volcánica de La Palma y la presión migratoria. En este último punto, destaca el desarrollo de un proyecto piloto que utiliza Inteligencia Artificial para agilizar resoluciones en el orden Contencioso-Administrativo, desarrollado en colaboración con la Universidad de La Laguna.
De cara al futuro, entre sus prioridades estratégicas figura la ampliación de la planta judicial, pues Canarias necesita 53 plazas de magistrado para aliviar la sobrecarga, superando las previsiones actuales del Ministerio.
Asimismo apuesta por consolidar la comarcalización de los juzgados de violencia de género para ofrecer una atención más especializada; impulsar una proposición no de ley para blindar la justicia como un servicio público prioritario en las islas, y organizar la conmemoración del V Centenario de la Real Audiencia de Canarias, cuya presidencia de honor ya ha sido aceptada el Rey de España.
A pesar de tener la tasa de litigiosidad más alta del país, Canarias obtiene la excelencia en dos cuestiones importantes: tiene la media más alta de sentencias por juez y una de las mayores tasas de confirmación por parte del Tribunal Supremo. Es, recuerda Lorenzo Bragado, un trabajo en equipo de toda la carrera en un contexto de dificultad extrema.