El empresario lanzaroteño Ángel Ramón Tejera de León, conocido como 'Mon', ha sido declarado culpable de un delito de cohecho en el caso Cuarteles, una de las investigaciones por corrupción que han afectado a la cúpula de la Guardia Civil. El jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid ha concluido este miércoles, por unanimidad, que el constructor entregó dinero, viajes y otros regalos al teniente general retirado Pedro Vázquez Jarava a cambio de que favoreciera a sus empresas en la adjudicación de obras en dependencias del instituto armado.
El veredicto también declara culpable al alto mando, que llegó a ocupar la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil, un puesto desde el que gestionaba recursos económicos y podía influir en la distribución de fondos destinados a distintas comandancias.
El jurado considera acreditado que Vázquez Jarava recibió alrededor de 40.000 euros en dádivas y dinero en efectivo por parte del empresario canario, con quien mantenía una relación de amistad. A cambio, el general utilizó su posición para facilitar la contratación de sus empresas.
La Fiscalía ha solicitado un año de prisión para cada acusado, petición respaldada por la Abogacía del Estado y las acusaciones de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil. La sentencia todavía está pendiente de ser redactada.
Contratos millonarios
El caso Cuarteles se remonta a una investigación sobre adjudicaciones de obras de mantenimiento y reforma en instalaciones de la Guardia Civil repartidas por España.
Las pesquisas examinaron 120 contratos menores adjudicados entre 2008 y 2019 en 13 comandancias, por un importe conjunto de 3,3 millones de euros.
Una de las claves del procedimiento ha sido el papel que desempeñaba Pedro Vázquez Jarava en la distribución de recursos económicos dentro del instituto armado.
Según el veredicto, el teniente general se dirigía a distintas comandancias para ofrecer fondos destinados a ejecutar obras de mantenimiento y pintura. Al mismo tiempo, recomendaba contratar los servicios de las empresas de Tejera de León.
Las indicaciones del alto mando eran interpretadas por los responsables de las comandancias como órdenes, según los testimonios expuestos durante el juicio.
El jurado considera probado que las empresas del constructor lanzaroteño consiguieron contratos por cerca de 1,4 millones de euros durante 2016 gracias a la intervención del general.
Además, el veredicto señala que numerosas obras fueron ejecutadas de manera inadecuada, especialmente las relacionadas con la aplicación de un producto destinado a solucionar problemas de humedades en las fachadas.
Viajes y dinero
Las contraprestaciones que recibió el teniente general constituyen uno de los elementos centrales de la investigación.
El jurado ha considerado probado que el empresario lanzaroteño entregó al alto mando diferentes beneficios personales, entre ellos viajes, estancias hoteleras y dinero en efectivo.
Entre los regalos figuraban desplazamientos para asistir a las finales de la Liga de Campeones de 2016, en Milán, y 2017, en Cardiff, así como alojamientos para el general y sus acompañantes.
También se ha acreditado la entrega de un cobertor para su piscina y más de 39.000 euros en metálico que Vázquez Jarava ingresó en sus cuentas bancarias.
Para el jurado, estas entregas constituían una contraprestación por el trato de favor que recibieron las sociedades del empresario canario.
Sin indulto
La decisión del jurado ha sido especialmente contundente. Sus nueve integrantes no solo han considerado probados por unanimidad los hechos atribuidos a los acusados, sino que también se han mostrado contrarios a la suspensión de la pena de prisión y a la concesión de un posible indulto.
La Fiscalía solicita que se imponga la pena máxima de un año de prisión prevista para el delito de cohecho enjuiciado.
El Ministerio Público sostiene que la conducta del alto mando afectó a la credibilidad y al correcto funcionamiento de la Administración pública, al utilizar su posición institucional para favorecer intereses privados.
La Abogacía del Estado y las acusaciones populares se han adherido a esta petición.
Por su parte, las defensas de Vázquez Jarava y Tejera de León han solicitado una reducción de la pena y han anunciado que recurrirán la sentencia cuando se dicte. Entre sus argumentos figura la existencia de dilaciones indebidas, al tratarse de un procedimiento iniciado en 2019.
Un caso histórico
El procedimiento adquiere especial relevancia por el rango de uno de sus protagonistas.
Pedro Vázquez Jarava es el primer teniente general de la Guardia Civil juzgado y declarado culpable por corrupción, una circunstancia que ha destacado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), personada como acusación popular.
La asociación ha valorado el veredicto como un precedente para exigir mayor transparencia en la contratación de obras dentro de la institución.
El caso también vuelve a situar en el centro de la actualidad al empresario lanzaroteño 'Mon', cuyo nombre había aparecido anteriormente en las investigaciones sobre contratos de mantenimiento de cuarteles y en el sumario del caso Mediador, un procedimiento diferente.
Tras el veredicto conocido este miércoles, corresponderá al magistrado que presidió el juicio dictar la sentencia y concretar las penas.
La declaración de culpabilidad supone un paso decisivo en el caso Cuarteles, aunque el procedimiento todavía no ha concluido y la futura sentencia podrá ser recurrida.
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