La Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y la Universidad Rural de Canarias (URC) han presentado un documento de alegaciones al proyecto de Ley Canaria de Montes al considerar que parte de su articulado lesiona de forma “patente” los intereses de la población rural del Archipiélago.
Según explican en un comunicado conjunto, tras varias semanas de análisis detallado del texto legal, concluyen que "la propuesta genera indefensión, inseguridad jurídica y entra en conflicto con figuras de reconocimiento internacional como la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y el Patrimonio Mundial de la UNESCO de Risco Caído y las Montañas Sagradas".
La Unión de Asociaciones, promotora de la URC, recuerda que integra "a 26 asociaciones y colectivos vinculados al sector primario, el movimiento vecinal y la defensa de los valores medioambientales y culturales de la isla". La iniciativa cuenta además "con el respaldo de numerosas asociaciones y personas del ámbito rural tanto de Gran Canaria como de otras islas", explican.
"Falta de respeto"
Uno de los ejes centrales de las alegaciones es "la falta de respeto al principio de participación temprana, recogido en el Convenio de Aarhus, tratado internacional ratificado por España", apuntan. Las entidades critican que "el periodo de alegaciones haya sido breve y convocado en fechas navideñas", pero subrayan especialmente "que los procesos participativos deben abrirse antes de adoptar las decisiones técnicas clave, y no una vez definidas".
En este sentido, "y apoyándose en jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", defienden que "la población afectada debe tener una participación real y con capacidad de influir en las decisiones finales". Entre sus propuestas destacan que "los órganos de participación incluyan al menos un 40% de representación de pequeños propietarios (con menos de 10 hectáreas) y de personas vinculadas a los usos tradicionales del monte", así como que "los planes y reglamentos de gestión forestal contemplen un plazo mínimo de participación pública de 90 días".
Límites a la propiedad privada
Otro de los aspectos más controvertidos del proyecto de ley, detallan, "es la posibilidad de declarar un terreno como forestal tras veinte años de desuso continuado si es colonizado de forma natural". Las entidades alegantes sostienen que esta medida "colisiona con la Ley 4/2017 de protección del suelo agrario y no tiene en cuenta el contexto de sequía prolongada que ha afectado a Canarias durante casi 16 años, ni la falta de infraestructuras hidráulicas que ha obligado a muchos agricultores a mantener tierras en barbecho".
También advierten de la colisión del nuevo texto "con los planes de uso y gestión de los espacios naturales protegidos, que actualmente abarcan cerca de un 40% del territorio canario, lo que podría incrementar la inseguridad jurídica". En el caso específico de Gran Canaria, dicen, "el proyecto permite declarar forestales terrenos con pendientes superiores al 50%", lo que, según las alegaciones, "pone en peligro los paisajes abancalados, uno de los rasgos identitarios del campo canario". Por ello, solicitan que "se excluyan expresamente las terrazas de cultivo con muros de piedra seca, destacando su valor etnográfico, su función en la conservación del suelo y el agua, y su papel clave en la recuperación de la actividad agrícola en zonas afectadas por la despoblación".
Riesgos
El documento también alerta de la "incompatibilidad del proyecto de ley con figuras de reconocimiento internacional como la Reserva de la Biosfera y el Patrimonio Mundial de la UNESCO, que reconocen el paisaje insular como el resultado de la interacción histórica entre la población y el territorio". A juicio de las entidades, la ley “limita y criminaliza los usos tradicionales que sustentan estos paisajes culturales, lo que podría acarrear consecuencias jurídicas e incluso la pérdida de dichos reconocimientos".
Entre las medidas que proponen figura "el reconocimiento y protección de las vías agropecuarias, la defensa de actividades tradicionales de recolección (como la pinocha, la leña seca, las plantas aromáticas, el carboneo o la recogida de piñas), la garantía del pastoreo tradicional, la protección de la agricultura de montaña y la salvaguarda de los recursos utilizados en la artesanía tradicional, muchos de ellos ubicados en entornos forestales".
Contratación
Por último, critican que el texto "obligue a los pequeños propietarios a contratar ingenieros forestales para la gestión de sus terrenos, ignorando los modelos de gestión forestal comunitaria que se aplican en otros países europeos", y denuncian un "régimen sancionador" que califican de "desproporcionado, con multas que pueden alcanzar el millón de euros". En este sentido, reclaman una normativa que "sea coherente con los usos tradicionales del monte y con la realidad social y cultural del medio rural canario".