La entrada de droga desborda a Gran Canaria. Es la conclusión que permite extraer el informe de la Fiscalía General del Estado publicado el pasado 10 de septiembre. El documento, que hace un análisis exhaustivo del último año, recoge que la isla capitalina está al límite: debe destruir alijos antes de tiempo porque no tiene espacio suficiente para almacenarlos.
La información parte del trabajo realizado por la Fiscalía Especial Antidroga en la Audiencia Nacional (AN), un departamento que —a nivel nacional— padece una falta importante de personal. El texto indica que hay una “insuficiencia de fiscales” pese a que ha crecido la complejidad y el tamaño de las causas —que se han incrementado, además, el 23%—.
Pocos funcionarios
Además, dice que la plantilla de funcionarios es “escasa, provisional y está desactualizada”. En definitiva, que hay un número de trabajadores “notoriamente insuficiente”. Todo este escenario se da en un contexto donde Canarias vive una situación complicada. En la provincia de Las Palmas han incrementado las diligencias previas por tráfico de drogas.
Para ser exactos, la subida ha sido del 12,19% en las islas orientales. En Tenerife ocurre algo distinto: allí se había experimentado “un exagerado crecimiento del 33,27%” en 2024, pero según el informe, “ha vuelto a los términos de 2023”. En cualquier caso, ese dato habla de las diligencias abiertas y no de que haya disminuido el tráfico de drogas en la isla occidental.
La ruta del hachís
El documento apunta que ha habido un número relevante de procedimientos incoados en 2025 por la AN en los que parte del entramado se encontraba en estas islas, “lo que da idea también de la relevancia de este enclave para las organizaciones internacionales”. La clave para entender el asunto está en la cercanía geográfica de las islas a las rutas atlánticas.
También existe mucha proximidad a las costas africanas —Marruecos está a tan solo 100 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura—. El Archipiélago está en medio de la ruta del hachís y la conocida como autopista 10, el camino más corto entre Sudamérica y África. Un emplazamiento que pone en jaque hasta a los vigilantes aduaneros porque no dan a basto.
Los vigilantes aduaneros
Esto viene aparejado a una violencia por parte de los narcotraficantes que ha ido en aumento. No solo ocurre en las costas de Andalucía, donde guardias civiles han perdido la vida, sino que el pasado mes de septiembre los agentes encontraron una ametralladora ligera y un fusil de asalto en el interior de una narcolancha, una intervención que acabó con cinco detenidos.
Desde el sindicato CSIF, como publicó Atlántico Hoy, han denunciado que no tienen las armas adecuadas para un posible enfrentamiento. Indican que requieren de un calibre intermedio en lugar de un 9 mm o pistolas HK USP Compact como las que tienen a día de hoy. Los narcos, señalan, llegan con AK-47 —conocidos como Kalashnikovs—.
Acumulación de alijos
Su preocupación que aún más acreditada en el informe de la Fiscalía General del Estado, donde se apunta que las islas son utilizadas como lugar de almacenaje provisional para después trasladar las sustancias estupefacientes a territorio europeo. Indica que esta ubicación provoca “todo tipo de situaciones” en cuanto a los abordajes en aguas internacionales.
Sin dejar de lado “los subsiguientes problemas para la conducción de estas embarcaciones a puertos de Canarias y el traslado de las sustancias intervenidas y los detenidos”. Uno de los mayores inconvenientes lo sufre Gran Canaria, donde se acumulan todos los alijos incautados y están rodeados de “una gestión complicada” que termina en una “destrucción anticipada”.
Pregunta al Gobierno central
Pero la cosa no queda ahí porque también se dan retrasos en los análisis llevados a cabo en las dependencias de los laboratorios de sanidad. ¿El motivo? La falta de medios humanos y técnicos suficientes. El informe lo define como “un problema general”, pero que Canarias padece de forma excepcional por asumir alijos de sus juzgados y de la Audiencia Nacional.
El tema ha llegado al Congreso de los Diputados con una consulta parlamentaria de Vox, donde los de Abascal preguntan al Gobierno de España si va a tomar alguna medida para paliar la carencia de medios humanos y técnicos en los laboratorios de sanidad y en la destrucción de los alijos, así como el tiempo que se tarda en destruirlos.
30 toneladas de cocaína
La pregunta, registrada el pasado 22 de septiembre, no ha sido respondida aún y el proceso aparece como “caducado”. Tenía de plazo hasta el 29 de octubre, pero sigue sin responder a un asunto clave para las islas. En el Archipiélago, el tema ha sido noticia incluso por sucesos como el secuestro a la familia del narcotraficante conocido como José el del buque tras un presunto vuelco de droga.
Por otro lado, en enero de este año se produjo en Tenerife la mayor incautación de cocaína por parte de la Policía Nacional con casi 10 toneladas intervenidas y en mayo se incautaron 30 toneladas de cocaína al sur del Archipiélago, el mayor de la historia de España.
Además, varias redadas han acabado en las últimas semanas con la aprehensión de sustancias estupefacientes en bares de Las Palmas de Gran Canaria.
Droga y turismo
El informe de la Fiscalía General del Estado señala que el delegado de Las Palmas llama también la atención sobre “el importante tráfico para el consumo del turismo que, focalizado en el ocio, aumenta el tráfico de anfetamínicos y drogas de diseño”. O dicho con otras palabras, el negocio ilegal de la droga se ha adaptado incluso a la demanda de los visitantes.
Tanto en la provincia de Las Palmas como en la de Santa Cruz de Tenerife es habitual el uso de embarcaciones deportivas para el transporte de estupefacientes y cada vez más de sustancias como la cocaína. Ese es uno de los hándicaps: al ser un territorio rodeado por agua resulta muy complicado que las fuerzas del orden puedan interceptar todas las entradas.
Otra realidad que viven las islas es que su régimen fiscal, según el texto, conlleva que sea frecuente la interceptación de paquetes en aduanas con productos cannábicos “que bajo la apariencia de legalidad encubren venta de sustancias estupefacientes camufladas”.
Hachís y marihuana
“Varias operaciones de relevancia han explotado durante este año en Tenerife y en Las Palmas con intervención de cantidades relevantes de cocaína, además de hachís y marihuana, y con un número alto de personas investigadas”, sentencia el documento.
El informe de la Fiscalía dibuja un escenario preocupante para Canarias, donde el aumento de la actividad de las organizaciones dedicadas al narcotráfico no solo pone a prueba la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad, sino también los recursos disponibles para gestionar las sustancias incautadas.
El Archipiélago se ha convertido en un punto estratégico para estas redes internacionales y, al mismo tiempo, en el ejemplo más evidente de las carencias del sistema: los alijos se acumulan, los laboratorios se retrasan y las administraciones se ven obligadas a destruir droga antes de lo previsto por falta de espacio.
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