La situación de las escuelas infantiles públicas de Canarias ha dado un paso más en el ámbito institucional. Trabajadoras del sector, junto a representantes sindicales, vecinales y familias, han trasladado sus quejas a la Diputación del Común ante lo que consideran un deterioro progresivo del servicio.
Durante un encuentro celebrado en Santa Cruz de Tenerife, el colectivo alertó del cierre de centros, la falta de sustituciones y la ausencia de diálogo previo con trabajadores y familias en decisiones que afectan directamente al funcionamiento de las escuelas.
Cierres y falta de personal
Las escuelas infantiles, que atienden a menores de 0 a 3 años, dependen de la Consejería de Bienestar Social y forman parte de la red pública orientada a facilitar la conciliación. Sin embargo, las trabajadoras denuncian que los cierres se han producido sin información suficiente ni negociación.
A esta situación se suma un problema estructural: la falta de cobertura de bajas laborales. Según expusieron, en algunos casos se tarda meses en sustituir a una trabajadora, lo que obliga a reorganizar grupos o incluso cerrar aulas por falta de personal.
Las ratios oficiales —hasta 8 bebés por profesional, 13 niños de 1 a 2 años y 16 de 2 a 3 años— ya se consideran elevadas. En la práctica, advierten, estas cifras se superan cuando faltan efectivos, lo que dificulta una atención segura e individualizada.
Impacto en las familias
El colectivo subraya que el problema trasciende lo laboral. La reducción de recursos públicos tiene un impacto directo en la vida de las familias, que se ven obligadas a reorganizar horarios, asumir desplazamientos mayores o incluso renunciar a plazas.
En determinadas zonas, la desaparición de centros deja a las familias sin alternativas cercanas, agravando los problemas de conciliación. Esta situación afecta especialmente a las mujeres, que en muchos casos asumen el cuidado de los menores ante la falta de opciones.
Advertencia institucional
La Diputada del Común, Lola Padrón, advirtió durante el encuentro de que las escuelas infantiles deben analizarse desde su impacto social y no únicamente desde criterios económicos.
Padrón señaló que la falta de plazas públicas empuja a muchas familias a recurrir a centros privados con costes cercanos a 400 euros mensuales, una carga que se suma al alquiler y complica la economía doméstica.
Además, insistió en que no se puede garantizar un servicio adecuado cuando no se cubren las bajas a tiempo y una sola profesional debe atender a más menores de los recomendados.
Nuevas quejas en camino
Tras la reunión, el colectivo anunció la presentación de nuevas quejas formales ante la Diputación del Común para dejar constancia de la situación.
La institución continuará el seguimiento en el marco de sus funciones de supervisión, en un contexto en el que la demanda de plazas públicas supera ampliamente la oferta disponible en Canarias.