Los Gobiernos central y canario mantuvieron este martes una reunión administrativa para abordar los traslados a la Península de menores solicitantes de protección internacional. El Tribunal Supremo ordenó al Ejecutivo que asumiera estos casos con sus propios recursos, pero la directora general de Protección a la Infancia y las Familias de Canarias, Sandra Rodríguez, afirmó al término del encuentro que “no ha servido para nada”.
La responsable canaria señaló que el segundo traslado previsto esta semana, con 15 jóvenes, ha sido suspendido por “problemas administrativos”.
Primer traslado a Gijón
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha confirmado que el primer traslado se produjo este lunes, con la llegada a Gijón de diez menores: nueve procedentes de Mali y uno de Senegal. La operación fue valorada “muy favorablemente” por el departamento, que la calificó de “éxito”.
El Ministerio asegura que el proceso es “complejo” y requiere la intervención de varias administraciones. Los tres nuevos traslados se harán en días diferentes “en los próximos días”.
Acusaciones de deslealtad
La ministra de Inclusión, Elma Saiz, acusó este martes al presidente canario, Fernando Clavijo, de “deslealtad” y le instó a “no faltar a la verdad” después de que éste denunciara improvisación en el operativo.
Según fuentes ministeriales, la gestión se realiza caso por caso, con entrevistas para valorar vulnerabilidad, necesidades y redes de apoyo de cada menor. La Fiscalía supervisa el proceso, ya que la tutela sigue siendo de Canarias, mientras que el Estado asume la guardia y custodia.
Coordinación
estaca que también se prepara la llegada a los territorios de acogida, donde las entidades trabajan “sin pausa” para garantizar el interés superior del menor.
Asimismo, se coordina con comunidades autónomas y delegaciones del Gobierno para facilitar la incorporación de los menores al sistema educativo y sanitario.