Las fricciones entre el Gobierno de España y Frontex no son nuevas. El director ejecutivo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras —así se llama el organismo— aseguró en septiembre de 2024 que estaban deseando ayudar en la crisis migratoria, pero el Estado debía pedirles ayuda para poder actuar. Ahora, casi siete meses después, parece que el enfoque del conflicto es otro.
El delegado del Ejecutivo central en Canarias, Anselmo Pestana, anunció el pasado 15 de enero que, de no haberse desplegado control policial español en África, habrían llegado al Archipiélago 23.000 personas más de las que arribaron a lo largo del año pasado. Con los datos en la mano, aprovechó para recordar que Frontex debería reforzar acuerdos de trabajo con los países de origen. Una idea en la que el Estado ha vuelto a insistir.
Respuesta
Varios diputados del Partido Popular (PP) en el Congreso preguntaron al Gobierno encabezado por Pedro Sánchez por qué no ha solicitado más refuerzos a la entidad europea con el objetivo de intensificar la vigilancia en las fronteras de las Islas. La respuesta fue clara y recoge que Frontex no ha concluido ninguno de los acuerdos de trabajo que debe llevar a cabo con países de origen africanos.
Explica el texto que está regulado por el Reglamento 2019/1896 de la Guardia de Fronteras y Costas, un documento que legisló sobre la cooperación entre Frontex y los terceros estados. “Desde entonces, España ha demandado de forma reiterada que la Agencia concluya tanto los Acuerdos de Estatuto (Status Agreements) como los de Trabajo (Working Arrangements) con las naciones de tránsito de la ruta atlántica”, apostilla.
Estrategia preventiva
El Estado recalca que ambos constituyen la única forma de que Frontex desarrollé una estrategia verdaderamente preventiva que permita evitar salidas y no se limite a reacciones ante las llegadas irregulares. La norma mencionada por el Gobierno recoge que es importante contar con una rápida reacción a la hora de hacer frente a futuras crisis que puedan producirse.
Merece la pena resaltar que el Consejo Europeo hizo un llamamiento el 28 de junio de 2018 para continuar reforzando el papel de apoyo de la Agencia, en particular en la cooperación con terceros países, mediante un aumento de los recursos y un mandato reforzado, con vistas a garantizar el control efectivo de las fronteras exteriores.
Acuerdos bilaterales
El reglamento detalla que la Agencia debe cooperar con las autoridades de terceros países, incluso en el marco de acuerdos bilaterales y multilaterales entre los estados miembros y terceros países. Todo con el objetivo de garantizar que la información contenida en Eurosur sea lo más completa y actualizada posible.
Además, Frontex debe ofrecer información apropiada para, especialmente, el control fronterizo, el retorno y el fenómeno de los movimientos secundarios no autorizados de nacionales de terceros países dentro de la Unión.
Delincuencia transfronteriza
Sobre todo en tendencias, volúmenes y rutas, la prevención de la delincuencia transfronteriza, la trata de seres humanos, el terrorismo y las amenazas de carácter híbrido. Pero la cosa no queda ahí porque también debe facilitar el retorno de los nacionales de terceros países que no cumplan o hayan dejado de cumplir las condiciones de entrada, estancia o residencia en los Estados miembros.
Unos días antes de que se firmara la respuesta parlamentaria, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska instó —en la misma línea— al comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, a promover cambios en el reglamento de Frontex, con el objetivo de que la agencia pueda actuar en las crisis migratorias desde países africanos.
El Gobierno de España rememora que “España ya constituye una de las principales áreas operativas de la Agencia en toda la Unión Europea, desarrollándose en nuestro territorio cuatro Operaciones Conjuntas”. Pone como ejemplo las estrategias Canary Islands, Minerva, Indalo y Focal Points Air.